El exburgomaestre, Jorge Yunda, tiene hasta el martes para completar la demanda de recusación que impuso en contra del juez Fabián Fabara, uno de los tres miembros del tribunal a cargo del juicio que se sigue contra el exalcalde por posible peculado en la adquisición de pruebas PCR.

Así lo dispusieron Wilson Lema y Patlova Guerra, miembros del tribunal de la Sala Penal de la Corte que durante 15 días escucharon las pruebas presentadas por el fiscal Alberto Santillán y parte de la defensa de Yunda.

Lema y Guerra avocaron conocimiento de la demanda de recusación. Sin embargo, antes de dar trámite al recurso pidieron que el pedido sea completado.

De acuerdo con los jueces, la demanda presentada por el depuesto alcalde no cumple con los numerales 2 y 11 del artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos.

El primero hace referencia a la falta de datos personales como números de cédula o de contacto, como la ausencia del casillero judicial o electrónico de su defensor. El segundo, en cambio, detalla la especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa.

De esta manera, se dispone que el actor (Yunda) complete la demanda, en el término de tres días a partir de la recepción de la notificación para que pueda empezar la etapa de sustanciación.

El proceso de recusación dejó paralizado el juicio por las pruebas PCR hasta nuevo aviso. El pasado 21 de octubre, Yunda acusó al juez Fabara de estar parcializado. En su demanda de recusación justificó que “los jueces que integren un tribunal no pueden manifestar su criterio sino a través de sentencia, que debe ser dictada en el momento procesal oportuno y tras haberse evacuado la prueba que las partes presenten con ocasión a la teoría del caso ofertada”.

A criterio del exburgomaestre, lo que se celebra es “un juicio político y nada más”. Indicó que lamenta haber confiado en la imparcialidad de los juzgadores.

Según los abogados de Yunda, en cinco ocasiones el juez demandado ha manifestado que sostiene su propia teoría del caso como si fuera un sujeto procesal y no un tercero imparcial que resolverá sobre la situación jurídica de los 13 procesados.