Victoria correísta en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea: el informe de la legisladora de CREO Ana Belén Cordero sobre Yachay (universidad, empresa pública, ‘Ciudad del Conocimiento’: tres personas distintas y un solo dios verdadero) se estrella contra la sinuosa intransigencia de la nueva mayoría. Meses de investigación para que, a la hora de votar, la socialcristiana Soledad Diab y el ex-Pachakutik Bruno Segovia se abstengan por un capricho de procedimiento: ocurre que, luego del debate, varios cambios fueron introducidos en el documento de 220 páginas; Cordero los detalló uno por uno, pero Diab y Segovia querían leerlo otra vez todo. El presidente Fernando Villavicencio no les dio gusto. Y aunque reparos de fondo no tenían ninguno, sus votos se sumaron a los de sus aliados correístas: cuatro a favor, tres en contra, dos abstenciones. Caso archivado.

Así, el éxito del correísmo consiste no en haber desmontado las conclusiones de la investigación, que pintan un panorama de corrupción y derroche, sino en impedir que se siga hablando de ellas. No en convencer, sino en disimular. En efecto, el informe no será debatido en el Pleno de la Asamblea (favor que ya sabrán los correístas cómo retribuir a sus nuevos camaradas de ruta), pero sus escandalosas revelaciones nunca fueron desmentidas. No pudieron contra ellas ni Pamela Aguirre, especialista en berrinches a quien su bancada puso al frente de la defensa, ni los tres representantes correístas en la Comisión de Fiscalización, que parieron un informe de minoría agresivo, errático y sorprendentemente escueto: apenas 20 páginas. Los más de 500 documentos que Aguirre se jactaba de haber aportado a la investigación y que no fueron consideradas por Ana Belén Cordero, tampoco lo fueron por los propios correístas.

Escandalosas revelaciones: el principal mérito del informe archivado consiste en establecer por fin, sobre firmes bases documentales, la desproporción de lo gastado frente a la ridiculez de lo obtenido: 602,4 millones de dólares absorbió en ocho años el proyecto Yachay en su conjunto; y la universidad arrojó, en ese mismo período, apenas 450 estudiantes graduados. Un fiasco incluso si se lo compara con otras universidades correístas: la Universidad Nacional de Educación (UNAE), por ejemplo, recibió 58 millones y graduó a 1.585 estudiantes.

Ante la crudeza de esas cifras, la respuesta de Pamela Aguirre es delirante: no las desmiente, las justifica. “Hay que considerar -dice-, primero, que Yachay estaba planeada para más de 30 años y esto es importante, esto no puede quedar fuera de este informe. Han pasado solo ocho años, los proyectos como Yachay no se construyen de un día para otro. Por eso, decir que es un proyecto fallido es una falsedad”. En otras palabras: el correísmo gastó 602,4 millones de dólares construyendo la universidad ecuatoriana del año 2050 en lugar de destinar la décima parte de eso a la universidad ecuatoriana de ahora mismo. El costo total del proyecto ascendía a 1.500 millones, que fácilmente se habrían duplicado en vista de las retorcidas modalidades de contratación vigentes. Para ello se requería la continuidad política soñada por Aguirre y los suyos: 30 años de correísmo en el poder.

¿602,4 millones en qué? 6,8 millones en sueldos de profesores, a pesar de no contar con un reglamento salarial. Aguirre y el informe de minoría argumentan que era perfectamente legal que los sueldos los designara a dedo el presidente de la República, en función de sus propios decretos y disposiciones. Sirve también para los viáticos, que sumaron 504 mil dólares. Y para los 19,7 millones en sueldos de personal administrativo. Pero el pedazo más grande de la torta se fue a la China. Mejor dicho: nunca salió de ahí, según demostró Ana Belén Cordero.

Sucede que los 198,2 millones de dólares que el Export-Import Bank of China (EXIM Bank) prestó al gobierno ecuatoriano para financiar el proyecto ‘Ciudad del Conocimiento’, ni siquiera pasaron por Urcuquí: se transfirieron directamente (y el Ecuador queda debiendo) del banco a las cuentas de China National Electronics, CEIEC (63,5 millones) y Gezhouba Group Company Limited (169 millones). La primera para la construcción de infraestructura eléctrica y telecomunicaciones; la segunda, para infraestructura y equipamiento urbano, que por extraño que parezca incluía equipos para aulas y laboratorios, según el contrato respectivo de 1.400 páginas. Todo perfectamente legal, vuelven a la carga Pamela Aguirre y el informe de minoría, y ajustado a las leyes correístas de contratación en régimen especial, que básicamente favorecen y promueven la contratación a dedo y la subcontratación ‘ad infinitum’. Que no es a dedo porque es legal, insiste el informe.

Súmese el contrato por 44 millones con la compañía coreana Conecuakor, para la construcción de edificios de laboratorio y transferencia tecnológica, de los cuales cinco tienen problemas estructurales tan graves que están inservibles. En este punto se centra gran parte de la defensa correísta, que asegura que todavía son rescatables. El hecho es que solamente el 28 por ciento de las edificaciones de Yachay ha sido terminado, el 48 por ciento está en ejecución y el 23 por ciento está paralizado. No es extraño que existan apenas 22 aulas para 1.357 alumnos. Por lo demás, la ‘Ciudad del Conocimiento’ ocupa únicamente 1.500 de las 4.500 hectáreas de tierra productiva sobre las que se asienta; 600 están arrendadas y casi 300 han sido invadidas.

Pamela Aguirre pasa por alto el desastre que aparece retratado en estas cifras y propone un criterio de evaluación distinto: el número de artículos publicados en revistas indexadas. Más de 800, dice, y concluye que hablar en contra de Yachay es burlarse de los logros de sus estudiantes. Según ella y el informe de los correístas, la cosa está clara: si hoy Yachay es un cementerio, la culpa es del Gobierno de Lenín Moreno, que lo desmontó todo porque “les duele que lo público sea lo mejor”. Así, sin ningún rigor metodológico, se da por zanjada toda la cuestión. El resto de páginas del informe es argumentación política pura: un capítulo para argumentar la “falta de legitimidad del presidente de la Comisión de Fiscalización”, por su conocida “animadversión contra el expresidente Rafael Correa”. Otro, para exponer cómo dicha comisión es funcional a los intereses del gobierno y juega como un “elemento distractor frente a graves temas de interés nacional”. Sería muy interesante que Fernando Villavicencio someta a votación este informe de minoría. ¿Qué harán Soledad Diab y Bruno Segovia? Ojalá el tema llegara finalmente al Pleno. Sobre Yachay, queda todo por decir.