Ninguno quiso quedarse atrás. El segundo debate de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza estuvo marcado por las intervenciones de los legisladores que, entre otras cosas, presentaron más observaciones al texto final. Mismos que, según los miembros de la Comisión de Seguridad, debieron ser planteados antes, ya que solo recibieron los aportes de 19 asambleístas.

“A último momento quieren pasar sus observaciones”, manifestó el legislador Jorge Pinto, integrante de la mesa legislativa de Seguridad, quien recordó que la aprobación de la ley es urgente por la situación de inseguridad que vive el país.

Sin embargo, la asambleísta de UNES Patricia Núñez indicó que su bancada sí realizó aportes al proyecto de ley, pero que “fueron descontextualizados”.

Además, la legisladora Dina Farinango señaló que, en otras ocasiones, las observaciones presentadas durante el segundo debate en el Pleno han sido acogidas y los textos han regresado a la mesa legislativa que corresponde.

Asimismo, la legisladora Yeseña Guamaní señaló que, a pesar que está de acuerdo con el proyecto de ley, siente preocupación por el uso legítimo de la fuerza con animales de adiestramiento. “Nos preocupa la presencia de perros o caballos en las manifestaciones no pacíficas”, añadió Guamaní.

Por su parte, la asambleísta Geraldine Weber solicitó que, además de la fuerza penitenciaria, se añada a entidades complementarias como la Aduana y la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que también puedan aplicar el uso progresivo de la fuerza.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, señaló que su mesa legislativa trató más de 1.300 observaciones y que el proyecto de ley se ajustó tomando en cuenta las inquietudes de diferentes sectores.

Por ejemplo destacó que, además del patrocinio judicial que tendrán los policías, se eliminó el desembolso que los agentes debían hacer al Estado en caso de que sean hallados culpables por la justicia.

Respecto a la protesta social, Narváez hizo hincapié en que la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza la excluye como problema de orden público y, por ende, se prohíbe el uso de armas de fuego con municiones letales o de impacto cinético con fines de dispersión.

Además, recordó que por más que se desee que la fuerza pública “salga a disparar”, hay una sentencia de la Corte Constitucional que pone límites al proyecto de ley y que “lamenta” que toda propuesta que esté fuera de ese límite no sea tomada en cuenta en la construcción del texto.

LOS CAMBIOS

• DEFINICIÓN

El texto final excluye a la manifestación y resistencia social como un problema de orden público. Esto, según Narváez, implica que no se pueden utilizar armas letales o de impacto cinético con el objetivo de dispersar a los manifestantes. Esto, como parte del ‘ajuste de conceptos’ que recoge la norma.

• SANCIÓN

La Ley del Uso Progresivo de la Fuerza reforma, entre otras cosas, la pena por el delito de extralimitación en acto de servicio. La sanción actual oscila entre los 10 y 13 años de cárcel; sin embargo, el texto la modifica y la establece entre 7 y 10 años de privación de la libertad, en caso de ser hallado culpable.

• CÁRCELES

En el apartado sobre el control de las cárceles, la norma dispone la creación de “grupos especializados de vigilancia penitenciaria” que serán organizados y capacitados por el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. Para ello, esta entidad tendrá 180 días desde la promulgación y registro de la ley.