Un traspié sistemático. La violencia política de género se visibiliza en el país en distintas formas y escenarios. Va desde atribuir los méritos y oportunidades de las mujeres a una influencia masculina. Pasa por descalificar y enmudecer sus comentarios por incomodar a ciertos grupos de poder, de poner en tela de duda su desempeño laboral por el hecho de ser madre y esposa a la vez, de amañar los reglamentos para tropezar su participación en la política, hasta de censurarlas y agredirlas verbalmente por defender sus derechos.

¿Cuáles derechos? El de decidir sobre sus propios cuerpos, por ejemplo. Así lo ha evidenciado la fundación Haciendo Ecuador, que a través del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer evaluó que esta problemática afecta a funcionarias, periodistas, feministas, defensoras de derecho y lideresas sociales.

Una problemática que, a pesar de ser considerada una infracción electoral grave, según el Código de la Democracia en su artículo 279, se palpa a diario y deja huellas que son recogidas por organizaciones para plasmar la realidad en cifras.

Como lo hizo recientemente la Corporación Participación Ciudadana al monitorear las cuentas de Twitter de 33 mujeres con visibilidad pública. Constatando que del 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2022 se registraron más de 10 mil mensajes con contenido discriminatorio en contra de este grupo de mujeres que, entre otras cosas, fueron agredidas por su etnia, apariencia física, clase social, vida personal y hasta por pensar diferente.

En el escenario político, la problemática se enrobustece con los estereotipos y la falta de apertura y apoyo de las organizaciones políticas. Así lo cuenta Jeannine Cruz, actual directora del Consejo de Comunicación, y quien fue sentenciada a 30 días de cárcel, el 8 de marzo de 2016, por “haber ofendido la honra” del exalcalde de Loja José Castillo, tras fiscalizar y emitir comentarios en su cuenta de Twitter en el que criticó su administración.

“Durante este proceso, me cambiaron como siete veces de juez, y en una sabatina el expresidente Rafael Correa mostró mi foto y dio órdenes públicas de que me den una lección por no respetar al alcalde. Yo solo hacía mi trabajo, el que les era incómodo, por supuesto”, cuenta Cruz, quien añade que paralelo a su tarea de esquivar la censura y acusaciones por parte de funcionarios, tenía que lidiar con comentarios denigrantes como “la concejalilla” o la “inmadura que no sabe”.

Tiempo después, la maternidad de Cruz fue objeto de excusa para minimizar su participación en la Asamblea: “Pedí apoyo para presidir la Comisión de Educación y un legislador dijo que mejor no porque recién acababa de dar a luz y no iba a tener tiempo. Que era mejor que asuma un rol no tan expuesto. Siempre tratan de minimizarte”.

“Loca”, “sinvergüenza”, “asesina”, “rata”, “cínica”, “vieja”, “inepta”, “ridícula”,” longa”, “bruta” y “gordita”, son de las expresiones discriminatorias más recurrentes que reciben las mujeres que tienen representatividad pública, según el monitoreo de la Corporación.

Problemática que también sintoniza a mujeres que ejercen el periodismo, y que, “lamentablemente, no pueden ser enérgicas en sus comentarios porque son tachadas de hormonales, histéricas o locas”, así lo sostiene la comunicadora Janet Hinostroza, quien fue recientemente blanco de insultos y comentarios misóginos por criticar, en su cuenta de Twitter, la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, el 10 de abril pasado.

El criterio de Hinostroza, en el que refería que dicho proceso legal estaba “lleno de dudas” y que fue resuelto por “un juez que actúa fuera de su jurisdicción”, recibió comentarios que desvalorizaban el contenido del mensaje por el hecho de tener la cabellera rubia: “Eres la prueba viviente de lo tóxico que es el peróxido de hidrógeno”, “el ser peliteñida te ha destruido las neuronas”, tuitearon usuarios no identificados como respuesta. Incluso pedían sanción.

La violencia política de género es sancionada desde 2020, luego de ser incluida como una infracción en el Código de la Democracia con una reforma. La multa es de hasta 70 salarios básicos y va la destitución del cargo, en caso de ser funcionario público. Desde esa fecha, hasta la actualidad, el Tribunal Contencioso Electoral ha registrado la denuncia de 15 mujeres que refirieron ser víctimas de esta problemática; solo cuatro han llegado a sentencia.

Lisseth Pita, licenciada en ciencias políticas y activista feminista desde 2017, recuenta los agravios que ha tenido que escuchar por el simple hecho de promover los derechos de las mujeres. “Feministas aborteras, dijo un exactor político que fue invitado al programa en el que yo daba mi opinión sobre los derechos de género. No me señaló y me dijo tú eres tal cosa, pero se lo dijo al movimiento del que también soy parte para invalidar lo que decía y las causas que promovemos”.

Los insultos desde el escenario político han mermado un poco, dice Pita, pero se lo atribuye a una estrategia porque “saben que los jóvenes hoy en día apoyamos este tipo de causas y movimientos. Entonces, “no quieren enfrentarse a nosotras aunque no estén de acuerdo con lo que promovemos”. Sin embargo, no olvida los insultos sistemáticos que ha recibido en redes sociales. “Llegaron a duplicar mi perfil de Instagram, y como soy activista de los derechos sexuales y reproductivos, publicaron contenido sexual y enviaban mensajes a usuarios para deslegitimar la lucha feminista. A ese punto llegaron”.

Para la abogada Mónica Banegas, directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, la sociedad no está acostumbrada a ver mujeres lideresas o con poder de decisión. ¿La causa?, la “falta de educación”, asegura, y explica que la estructura patriarcal y machista en la que algunas mujeres se han desarrollado las ha empujado a repetir patrones machistas y actitudes "masculinizadas" de la política que impiden que otras mujeres participen en estos escenarios.