Uno de cada cinco estudiantes (23 %) entre 11 y 18 años ha sido víctima de algún tipo de violencia escolar de manera reiterativa, asociada con el maltrato estudiantil o con el ‘bullying’. Cuando esto pasa a una frecuencia mayor se llama acoso.

El acoso ocurre, en orden de mayor frecuencia: en las aulas, en patios y canchas; fuera del centro educativo; en pasillos, baños, bares y transportes escolares. Además, existe un ‘ciberacoso’ en redes sociales.

Los actos de violencia son presenciados por otros estudiantes, ya sea en calidad de testigos pasivos, defensores de la víctima u observadores.

Por ejemplo, en acoso escolar por insultos, tres de cada 10 casos son presenciados por amigos del agresor, según un informe de la Unicef.

En ese marco, el Ministerio de Educación y el Sistema de Naciones Unidas firmaron ayer en Guayaquil una alianza estratégica que permitirá implementar acciones para velar por los derechos de los estudiantes.

Kyungnan Park, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, dio a conocer que la Unicef, Unesco, ONU Mujeres y Unfpa facilitarán especialistas para trabajar en un plan de acción que amplíe las tareas que ejecuten las autoridades educativas y judiciales en torno a la prevención y control de la violencia escolar.

Al evento se dieron cita más de 600 representantes de la comunidad educativa de cinco zonas: directores distritales, directivos de planteles, docentes, estudiantes y padres de familia.

Ellos fueron capacitados para que conozcan cómo abordar la problemática de la violencia, cómo elaborar los informes, cómo presentar las denuncias y cómo hacer el seguimiento en el sistema judicial.

Se ha categorizado tres tipos de violencia: la que se da entre estudiantes; cuando la agresión es de autoridades, profesores o algún miembro del plantel hacia los estudiantes; y la que se genera desde los alumnos hacia el personal docente.

Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, mencionó que se han establecido protocolos donde se determina que cualquier persona puede denunciar cualquier tipo de violencia. Lo puede hacer en el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o en la Fiscalía.

El sistema judicial se encargará de juzgar los casos que crea necesario, previo a investigaciones; mientras que Educación levantará sumarios administrativos que suspenda, aparte de la entidad, a los responsables de estos casos.

Ernesto Toledo, rector del colegio técnico Simón Bolívar, dijo que las acciones que se emprendan servirán para trabajar en un ambiente de paz.

Carmen Veloz, miembro del comité de padres de familia del colegio Otto Arosemena, está contenta porque se velará por la seguridad de los estudiantes y se ejercerán más controles.

Ana Coque, presidenta del consejo estudiantil del colegio Veintiocho de Mayo, acota que apoyará toda tarea que lleve a erradicar la violencia.