El 54,8 % de la población carcelaria femenina en el país está sentenciada por tráfico de drogas. Es decir, que 1.409 mujeres de las 2.571 que cuentan con una sentencia fueron encerradas por su vínculo directa o indirectamente al narcotráfico en el país.

Una vez que se realizó el diagnóstico penitenciario para luego presentar la nueva política de rehabilitación social en febrero pasado, la Secretaría de Derechos Humanos estudia la posibilidad para reivindicar los casos en los que se detecte que no hubo un acceso oportuno de justicia.

La titular del organismo, Bernarda Ordóñez, dijo a Diario EXPRESO que se ha identificado casos en donde la pena no se rige a los límites establecidos por la escala de droga incautada, decomisada    o proceso legal seguido. Es decir, que hay registros de personas encerradas por cantidades de alcaloide   menores a los límites establecidos en la ley, pero con penas mucho mayores a las debidas y obviamente viceversa, pero que esos casos se evidencian mayormente en la cárcel de varones.

“Estamos estudiando la posibilidad de reformas al reglamento que tiene que ver con los indultos o con las conmutaciones de penas considerando la variable de género, aquí ya hemos hablado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Mujeres y conocimos las experiencias de Costa Rica, El Salvador y Colombia”, apuntó Ordóñez.

Karina Verduga es un ejemplo de esta realidad, a ella la “encerraron” con una sentencia de 10 años de prisión tras un operativo realizado en Quevedo, en donde capturaron a su novio con media tonelada de droga en una hacienda.

“A mí me vincularon por ser la novia, ese día no estaba con él y tampoco sabía, yo estaba manejando su carro y los policías creyeron que era él. Yo no tenía ni un gramo de droga, él estaba en una fiesta. De ahí parte mi historia tras las rejas”.

Aunque Verduga no relata que hubo violencia en su relación sentimental, la secretaria de Derechos Humanos enfatiza que la mayoría de las mujeres que cumple condena por delitos de droga, “justamente están en una relación de poder y violencia con líderes de bandas criminales en una especie de convivencia” que les impide poder salir de esa realidad.

La propuesta pedirá que se contemplen “atenuantes, porque la mujer está delinquiendo por una relación tóxica si es que cabe el término, lo estamos analizando, pero primero teníamos que entregar la política pública nacional”.

Este periódico solicitó al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) el detalle de los avances de la propuesta junto a la Secretaría de Derechos Humanos, pero hasta el cierre de esta edición respondió que el pedido está en las áreas técnicas y que en cuanto tengan respuesta se remitirá la información.

En tanto que el Consejo de la Judicatura enfatizó que “la competencia del indulto es exclusivamente de la Presidencia de la República y que en caso de darse, será a través de decretos ejecutivos, “en el cual se detalla por qué se les indulta, a quiénes y qué características deben cumplir para obtener este beneficio”, contestó la entidad vía correo electrónico.

No obstante, los datos de esta realidad femenina tras las rejas puede variar aún más, debido a que no hay claridad en las cifras actuales porque aún no se ha ejecutado el censo penitenciario en el país. Solo se ha presentado el plan piloto.

El avance del censo depende de que el Registro Civil y el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos culminen capacitaciones, metodologías y técnicas para realizar las entrevistas, pero es el SNAI el que se puede referir solo al tema.

• Conmemoración

Un 8 de marzo tras las rejas

El Servicio Nacional de Atención a Privadas de Libertad (SNAI) señaló, a través de sus redes sociales, que ejecutó distintas actividades en las cárceles de mujeres del país en conmemoración al 8 de marzo. Entre las actividades realizadas destacó que a las reas de la cárcel 2 de El Oro se les permitió participar de charlas motivacionales y de un cine foro con mensaje de empoderamiento de derechos. La experta en seguridad penitenciaria, Martha Macías, ironiza la situación, debido a que identifica que en los centros de reclusión existe aún vulneración de derechos humanos y plantea que se deben realizar acercamientos con los privados de libertad para conocer los cambios urgentes a realizar.