No hay peor crimen que la antimonía

“Yeseña Guamaní se permitió mencionar la potencial antimonía constitucional”: así, con la torpeza de un párvulo, la correísta Jhajaira Urresta lee el texto que alguien le escribió y cuyo vocabulario, evidentemente, la supera. “Antimonía”. Urresta no tiene una pálida idea de lo que está diciendo pero habla con la superioridad moral de quienes se creen en el lado correcto de la historia. Pide la destitución de Guamaní, vicepresidenta segunda de la Asamblea, por el crimen de haber presentado, ante el CAL, una moción basada en una antimonía. Cuánta maldad.

¿De qué se trata todo esto? Se discutía un proyecto para derogar la ley tributaria que había entrado en vigencia por el ministerio de la ley (gracias a la complicidad de las abstenciones correístas), cuando surgió un problema jurídico: el artículo 140 de la Constitución faculta a la Asamblea para derogar cualquier ley que rija por decreto, como era el caso, pero el artículo 135 le quita iniciativa en materia tributaria. Cuando un artículo permite lo que otro prohíbe estamos ante un caso de antinomia constitucional (an-ti-no-mia), concepto que Urresta no sabe ni pronunciar pero la irrita. Ante el enredo, Guamaní había mocionado una acción de interpretación a la Corte Constitucional, como se ha hecho en otras ocasiones; por ejemplo, cuando Urresta mocionó consultar a la misma Corte sobre la constitucionalidad del veto presidencial a la ley sobre el aborto en casos de embarazo por violación. En esa ocasión nadie dijo nada, quizá porque no había antimonías de por medio.

Prohibido mocionar

La suerte de Yeseña Guamaní está echada: será destituida de la vicepresidencia de la Asamblea por el delito de haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional. En un parlamento donde se ha llegado a proponer la reforma de una ley orgánica mediante aprobación de una fe de erratas, la correísta Jhajaira Urresta sostiene que los legisladores no tienen el derecho de “mocionar lo que se nos venga en gana”. Dijo textualmente: “Me queda claro que los asambleístas no tenemos el derecho a mocionar o al menos es un derecho absoluto que no se quiere hacer ver”. Lo que sea que eso signifique.

Para su defensa, Yeseña Guamaní llamó a declarar a varios asambleístas, entre ellos la propia Urresta, pero esta se le escabulló. Decidió que “no me voy a desviar en cuanto a las confrontas que desean realizar”. Al fin y al cabo sólo el pueblo, dijo, “es nuestro demandante”. Aunque su denuncia está íntegramente basada en lo que Guamaní hizo en el CAL, Urresta se negó a responder preguntas porque “es de obvio conocimiento de que yo no soy parte del mismo”. Oírla hablar hace añorar los tiempos en que los legisladores dominaban por lo menos un idioma.

Las leyes por el forro

La Comisión Pluripartidista Ad Hoc conformada para decapitar a Yeseña Guamaní e integrada únicamente por asambleístas mujeres en un alarde de empatía, sororidad y buen rollito, redactó un mamotreto de setenta páginas para justificar su recomendación de destituir a la acusada del cargo de vicepresidenta segunda de la Asamblea. La primera conclusión de dicho documento, que será leído pero no escuchado mañana en el Pleno, es autorreferencial y absurda: dice que la comisión actuó apegada a la Constitución y las leyes. Menos mal. La segunda conclusión dice que la Comisión “ha observado las reglas del debido proceso”. Dicho lo cual parece sentirse autorizada para pasarse los procedimientos por el forro: una presidenta parcializada (la correísta Patricia Mendoza) que antes de ser nombrada firmó el pedido de destitución; una lista de pruebas (las presentadas por Urresta) que no fueron declaradas y, por tanto, la acusada no conoció hasta el momento en que tuvo que defenderse de ellas; una sentencia que responsabiliza a una persona por las actuaciones de un cuerpo colegiado… Más que un proceso esto es una lapidación.