"El veto transgrede la Constitución y vulnera la sentencia de la Corte Constitucional", señaló el abogado Stalin Raza durante su intervención en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ante el análisis de la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Raza también explicó que el dictamen de la Corte dispuso que la Asamblea Nacional elabore una ley no punitiva, sino de protección. En ese sentido, indicó que el cambio de nombre del proyecto de ley que propone el Ejecutivo no tiene una connotación garantista, sino "en clave de una excepción a la punibilidad como equivocadamente lo nomina el veto".

Asimismo, señaló que ese concepto provoca una serie de equivocaciones adicionales en la propuesta del presidente Lasso. Además, recomendó que la mesa legislativa haga un informe que insista en que el Pleno apruebe el proyecto de ley "tal como está".

Por su parte, la especialista en derecho constitucional y Derechos Humanos, Angélica Porras, explicó que la objeción del primer mandatario "criminaliza, revictimiza y discrimina" a las mujeres que han sido violadas y que quieres interrumpir su embarazo.

"El presidente obstaculiza el reconocimiento de un derecho", señaló Porras y destacó que la posición del veto "convertiría a esta ley en inconstitucional, pues que no respeta el Estado laico".

En su intervención, la asesora constitucionalista Ximena Ron señaló que la libertad de conciencia implica la posibilidad de los individuos de tener sus propias convicciones, ideologías y ejercerlas. En ese sentido, indicó que no considera que las observaciones del Ejecutivo sean inconstitucionales, pero que sí están desconectadas de la realidad.

Además, señaló que la observaciones del veto parcial podrían contradecir el artículo 11, numeral 2, de la Constitución que indica que el Estado deberá generar medidas de acción afirmativa a favor de quienes se encuentren en una situación de desigualdad.

En ese sentido, Ron explica que las mujeres rurales o de zonas urbano-marginales no tienen las mismas condiciones que las mujeres del sector urbano y que la posición del Ejecutivo sobre la objeción de consciencia "pone en riesgo su vida y vulnera derechos constitucionales"

Por otro lado, la la constitucionalista, Soledad Angus, indicó que el veto parcial del presidente de la República está marcado por su posición personal. "Sus objeciones que tienen una fundamentación de constitucionalidad, no lo son con base en la Constitución, sino en la interpretación unilateral y sesgada".

Además, criticó que el primer mandatario, en su exposición del veto parcial, "se arrogue que él interprete mejor una sentencia de la cual ni siquiera está de acuerdo".

La propuesta del Ejecutivo deberá ser tratada por la Asamblea Nacional dentro de 30 días. En debate del Pleno, el proyecto de ley podrá aceptar el contenido del veto presidencial o ratificar el proyecto inicial.