El veto mixto del Ejecutivo al proyecto que busca reformar la Ley de Comunicación ya está sobre la mesa de la Corte Constitucional. Su ponente, es el juez Enrique Herrería, quien tendrá que realizar un pronunciamiento sobre la objeción del Gobierno en el plazo de 30 días.

El pasado 24 de agosto, el presidente Guillermo Lasso firmó el documento que recogía los 17 artículos vetados por inconstitucionalidad y los 34 por inconveniencia de la reforma a la Ley de Comunicación aprobada por el legislativo, con 75 votos a favor, el pasado 21 de julio. Tras la rubrica,  las objeciones del Ejecutivo fueron enviadas a la Asamblea Nacional para que esta lo remita a la Corte Constitucional para su trámite.

Entre los artículos vetados por inconstitucionalidad, que deben ser tratados por la Corte Constitucional, están los que proponían eliminar el contenido de opinión como parte del contenido comunicacional, también aquel que promovía una definición "amplia y ambigua" de la responsabilidad ulterior, y el que le dotaba la Defensoría del Pueblo funciones de defensores de audiencia. Como también, los apartados legales que otorgaban de poder decisión a los consejos ciudadanos equivalente a los consejos editoriales.

Asimismo, el paquete de 34 objeciones por inconveniencia suprime la participación "excesiva" de la Defensoría del Pueblo, elimina sanciones a medios que consisten en participar en talleres y realizar campañas, fortalece los mecanismos de protección del trabajo periodístico, incentiva los mecanismos de autorregulación, suprime la obligación impuesta al Estado a conservar y crear medios públicos de comunicación, elimina la censura en internet y redes sociales, entre otros.