La exasambleísta de Alianza PAIS Norma Vallejo es juzgada desde este jueves por el supuesto delito de concusión materializado en el cobro de diezmos a sus excolaboradores.

La exlegisladora acudió temprano a la Corte Nacional de Justicia. Ingresó despacio, apoyándose en un bastón y con ayuda de una persona que llevaba su cartera. Antes de subir a la sala de audiencias, personal médico revisó su temperatura y aplicó los demás controles establecidos como medidas de bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19. La diligencia había sido postergada por al menos cuatro ocasiones por las complicaciones de salud de Vallejo.

El juicio inició con la presentación de alegatos de parte de la fiscal Diana Salazar. La funcionaria señaló que Vallejo, en su condición de legisladora y abusando de su cargo, requería la entrega de contribuciones o cuotas a sus subordinados. Según la Fiscalía, la sospechosa habría recibido contribuciones de sus excolaboradores en su cuenta personal. Los montos de los aportes oscilaban entre 150 y 300 dólares.

Carlos Robles y Norma Villavicencio son parte de los denunciantes. Ellos se presentaron al juicio como acusadores particulares. Su patrocinador es Eduardo León, quien anunció al tribunal que demostraría que la exasambleísta, abusando de su cargo público, ordenó la entrega de cuotas. Los porcentajes iban desde el 10 % de la remuneración y habrían alcanzado hasta el 50 %, con la amenaza de que si no lo hacían podrían perder sus trabajos.

Felipe Rodríguez, otro de los abogados de los denunciantes, señaló que en el juicio la defensa de Vallejo no se opuso a nada, que aceptó que ella sí es responsable de delito, que sí pidió las cuotas y que indemnizará a las víctimas.

Más de siete asesores habrían sido los perjudicados. Aparte de dar el diezmo, habrían pagado las cuotas y gastos de la exlegisladora y de sus hijos. Pero el de Vallejo no es el único caso. Existe en la Fiscalía una veintena de legisladores investigados por la misma sospecha. La exasambleísta y exvicepresidenta María Alejandra Vicuña fue investigada, enjuiciada y sentenciada antes que Vallejo por el mismo delito. Recibió una pena atenuada de un año de cárcel y además debe pagar 173.180,16 dólares como restitución.

Inicialmente la pena para Vicuña fue de cuatro años. En su rebaja influyeron atenuantes. En su resolución, el tribunal dijo que en el juicio se comprobó que la sentenciada pedía contribuciones a por lo menos tres excolaboradores mientras se desempeñó como legisladora.

Los recursos habrían servido para financiar a la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), el movimiento de la exvicepresidenta. El fallo es de primera instancia y no está ejecutoriado. El 15 de junio iba a instalarse la audiencia de apelación, pero fue diferida por pedido de la Fiscalía y de la defensa de Vicuña. 

De la veintena de investigaciones previas que involucran a legisladores antes del inicio de la emergencia sanitaria hubo dos pedidos de fecha para formular cargos. La Corte debe pedir el levantamiento de inmunidad a la Asamblea, pero en ese organismo laborarán desde el 1 de julio. Esos casos involucran a la exasambleísta Nívea Vélez y a la legisladora Karina Arteaga por el posible delito de concusión. 

Contribución. Al menos siete exasesores de Norma Vallejo habrían sido los perjudicados con el aporte de cuotas. Los montos exigidos a los funcionarios superaban los 1.000 dólares.

Pruebas. El abogado Felipe Rodríguez señaló que con pruebas y testigos se demostró que a las víctimas se les exigió que paguen desde la garantía de la casa del hijo y gastos de tarjetas, hasta los viajes de placer de ella y el esposo.

Sentencia. La tarde de este jueves el juicio contra Norma Vallejo estaba por concluir tras la aceptación de las acusaciones por parte de la exlegisladora, la presentación de testimonios, audios y pruebas de la Fiscalía.