La dotación de protección de los integrantes de los policías nacionales que están en el campo operativo es una de las causas por las que se prepara la declaratoria de emergencia en el ministerio del Interior y en los edificios que albergan a uniformados en distintos puntos de las ciudades del país, así lo indicó este lunes su titular, Juan Zapata. 

"Lo haremos en las próximas horas, es declarar la emergencia para el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional con dos objetivos fundamentales: proteger las UPC (Unidades de Policía Comunitaria), ya no tienen sentido un modelo que no es sostenible en zonas para zonas críticas. Y la emegencia me va a servir para dar aseguramientos y minimizar la vulnerabilidad de cuidar la integridad de muchos policías... También para la adquisiciones de armamento y municiones" dijo en entrevista a Teleamazonas. 

Zapata agregó que se trata también de incentivar reformas legales que permitan mejorar las condiciones complementarias de la seguridad como el tema judicial con reformas al Codigo Orgánico Integral Penal (COIP) y al "Régimen diciplinario". El objetivo es juntar todas las reformas a los marcos legales para presentarlas como un solo bloque desde el Ejecutivo, "porque todo es integral, lo que pasa en la Policía, en el SNAI, en inteligencia, en las Fuerzas Armadas, en la formación policial... Pedirle a la Asamblea que nos apoye en lo que necesitamos hoy". 

El funcionario expuso que durante este lunes 28 de noviembre firmará un acuerdo ministerial para declarar en emergencia al Ministerio del Interior y a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) con el objetivo de intervenir en infraestructura y adquirir municiones. 

Las UPC que serán priorizadas serán 23 en zonas conflictivas de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas y se las ha declarado en "estado de excepción; sin embargo, este número podría aumentar si se consideran provincias como Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro" se detalla en un comunicado del Ministerio del Interior.

La inversión calculada para estas entidades por lo pronto se estima que será entre los $ 8.000 y $ 12.000 y dependerá de la "dimensión las vulnerabilidades de cada una de ellas".