Una encuesta lleva a Cedatos ante la justicia

La Fiscalía abre instrucción contra la encuestadora y su principal, Polibio Córdova z El caso se investigará por 90 días

Quito /
05 may 2017 / 00:00

Finalmente sí tendrá que responder ante la justicia. La firma Cedatos y su representante legal, Polibio Córdova, serán investigados por presunta falsificación y uso de documento falso.

Ayer la fiscal, Cecilia Garzón, formuló cargos en su contra porque, según dijo, existen presunciones graves del cometimiento del delito.

Por ahora, la encuestadora tiene prohibido enajenar sus bienes. Lo dispuso la jueza de Pichincha, María Elena Lara, tras acoger el pedido de instrucción fiscal solicitado por la Fiscalía.

Cedatos se vio envuelta en medio de la polémica durante las pasadas elecciones. El oficialismo cuestionó las encuestas y el exit poll publicados por esta firma que favorecían al candidato de la oposición, Guillermo Lasso.

Es más, durante la audiencia, la fiscal presentó como uno de los principales elementos de convicción la denuncia de la asambleísta de PAIS, Rosana Alvarado, y leyó todas sus acusaciones. También hizo referencia a la versión reservada y ampliada de un supuesto testigo protegido, que fue quien habría incriminado a Córdova.

La fiscal aclaró que ese testimonio fue recibido sin la presencia de un abogado, pero que la ley permite esa posibilidad.

Según Alvarado y el testigo, Cedatos cambió los resultados de sus encuestas para, supuestamente, beneficiar a Lasso por sobre el candidato del oficialismo y actual presidente electo, Lenín Moreno.

El testigo protegido, contó la fiscal, describió la actuación de los funcionarios de la encuestadora en la presunta modificación de datos.

Ahora, empezó a correr el plazo de la instrucción fiscal que tomará 90 días. La fiscal adelantó que en ese tiempo pedirá la vinculación de Córdova como persona natural.

Juan Pablo Albán y Lorena Grillo son parte de los, al menos, ocho abogados que defienden a Cedatos. El primero rechazó el pedido de prohibición de enajenación de bienes que hizo la fiscal porque, dijo, no justificó las razones.

Informó que el caso está en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitaron medidas cautelares. También indicó que pidió que, mediante cooperación, se recopile información sobre la propiedad de la cuenta de Twitter, Dato Certero.

Habló de persecución a su cliente y, dijo, que los elementos de los que dispone la Fiscalía fueron ilegalmente obtenidos. También se quejó porque los defensores no han podido acceder a la versión reservada del testigo.

En manos de la Fiscalía están computadores y documentos incautados en dos allanamientos efectuados a Cedatos y a la empresa Livercostas, atribuida a un militante de CREO, con quien la encuestadora habría efectuado cotizaciones de su trabajo.

Sanciones

Falsificación

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) impone una pena de entre cinco y siete años a quien falsifique o adultere documentos.

Argumento

La fiscal del caso, Cecilia Garzón, también citó en la audiencia la versión del periodista de Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros.

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