Buen cálculo o simplemente arrepentimiento y confesión. A trece meses del operativo Emperador en el que fue detenido el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez Zambrano, su situación jurídica sigue siendo incierta; mientras que otros detenidos ya fueron sentenciados y condenados en el caso y hasta recobraron la libertad.

Se trata de Luis Loyo Brusil, exdirector nacional de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien cumplió la condena que le impuso la jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Sur Valdivia, en Guayaquil.

El pasado 27 de noviembre, el juez Víctor Barahona Cunalata, de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Latacunga, dispuso la libertad del exfuncionario tras acoger un pedido de excarcelación, por el cumplimiento de la pena.

Loyo permanecía detenido en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro de Latacunga, donde cumplió doce meses de cárcel, impuestos dentro de un procedimiento abreviado al que se acogió tras confesarse culpable de un delito de asociación ilícita, para tráfico de influencias por la venta de cargos públicos. El hombre fue detenido el 28 de noviembre de 2019, dentro del mismo operativo en el que apresaron a Tuárez.

A un mes de la detención optó por simplificar el proceso y aceptó su participación en una red delictiva que, según las investigaciones fiscales, cobraba altas sumas de dinero (entre 5.000 y 500.000) para ocupar cargos de alta jerarquía, en entidades como el Ministerio de Salud, la Dirección General de Aviación Civil, entre otras.

Loyo logró la excarcelación, luego de un fallido intento por obtener el régimen semiabierto, beneficio que no fue posible por no registrar actividad laboral dentro del centro de rehabilitación donde estaba recluido, según constató el juez que atendió ese pedido.

Igual que Loyo, otras once personas se acogieron al procedimiento abreviado y aceptaron su culpa en el caso, que fue investigado por el fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía del Guayas. De a poco, los sentenciados han recobrado la libertad.

No obstante del reconocimiento del hecho de los demás, el expresidente de Participación Ciudadana se ha mantenido en que es inocente, por lo que la Fiscalía continuó el proceso ordinario con él y lo llevó a juicio.

Actualmente, Tuárez enfrenta una condena de cinco años de cárcel y la pérdida de los derechos de ciudadanía, lo que mandó abajo sus aspiraciones políticas que, según expuso en su momento su defensora, era la razón por la que fue detenido.

La sentencia fue apelada y, este miércoles 30 de diciembre de 2020, jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas emitirán su veredicto, el que podría confirmar la sanción, modificar o, incluso, anular el fallo.

Otra procesada

En el caso también fue detenida y procesada Renata Jalkh, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. La mujer también se sometió a un procedimiento abreviado, pero apeló la resolución que dictó la jueza Marcela Ortega. La Sala Penal de la Corte del Guayas también resolverá, en apelación, el pedido de Jalkh, a quien la Fiscalía la señaló como la persona con quien Tuárez ofertaba los cargos.

El detalle

Liberado. Otro sentenciado en procedimiento abreviado, Sebastián Trejo Pita, también salió en libertad el pasado 4 de diciembre.