La presencia de la variante delta de la COVID-19 en Guayaquil no detiene a la justicia. Cuatro de los doce procesados que fueron llamados a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada, con la finalidad de acceder a convenios de pago irregulares en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad, deberán acudir a su juzgamiento de manera presencial.

El Tribunal de Garantías Penales que conoce el expediente ofició a la Comandancia de la Policía Nacional Zona 8, para que gestione el traslado de los procesados, “tomando las seguridades del caso para evitar su evasión”. Las medidas están dirigidas a quienes están bajo arresto domiciliario como son: Víctor Paúl Granda López, expresidente del Directorio del IESS, Jacobo Bucaram Pulley (hijo del expresidente Abdalá Bucaram), Luis Enrique Jairala Zunino y Susana Paola Mera León, exdirectores de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos del IESS, respectivamente.

La diligencia fue convocada para el próximo jueves 22 de julio, en una de las salas de la    Unidad Judicial Penal Norte 2 Albán Borja.

También fueron convocados Daniel Salcedo Bonilla, quien enfrenta dos sentencias (de 4 y 13 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y peculado, respectivamente);además de su hermano Noé Salcedo y Jorge Antonio San Lucas Vanegas, con quienes fue absuelto y ratificado la inocencia en el caso    de lavado de activos. También fue convocada la exreina Karina Marlene Cadena Aguilera.

El tribunal encabezado por la jueza Dora Vargas dispuso que los procesados, que se encuentran con medidas alternativas a la prisión preventiva (San Lucas y Cadena) deberán asistir personalmente a la audiencia, bajo prevenciones que de no hacerlo la Fiscalía podría solicitar la revisión de dichas medidas.

La comparecencia de los hermanos Salcedo, quienes están bajo prisión preventiva, fue más flexible en razón de la emergencia sanitaria que persiste por la pandemia de la COVID-19. El tribunal dispuso que ambos se conecten vía telemática, desde los Centros de Rehabilitación Social donde están recluidos.

En el caso, la Fiscalía señala a los acusados como parte de una estructura delictiva que habría favorecido a grupos y empresarios a través de convenios de pago ilícitos en los hospitales antes mencionados, algunos de los cuales superan el millón de dólares.

El pasado 17 de mayo de 2021, concluyó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que duró veinticinco días. El fiscal Eduardo Díaz presentó un dictamen acusatorio contra los 16 procesados y solicitó al juez Ronald Guerrero que sean llamados a juicio, pues se presume su participación en la infracción.

Sin embargo, el juez acogió el pedido parcialmente y dictó sobreseimiento a favor de Abdalá Bucaram Pulley, su esposa Gabriela Pazmiño, y su hermano Michell; además de otro procesado en el caso.

Entre los principales elementos de convicción presentados por el fiscal figuraron los convenios irregulares de pago que se firmaron en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, la bitácora que contenía información del edificio Torres-Colón de Guayaquil (donde se habrían reunido los procesados), versiones de los guardias de dicho edificio, el análisis económico y financiero a los convenios de pago realizado por expertos de Fiscalía y Contraloría, informes investigativos de los servidores policiales, entre otros.