Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, queda fuera del caso Las Torres, en el que serán juzgadas 11 personas por presunta delincuencia organizada.

La decisión fue adoptada la tarde de este miércoles 2 de febrero de 2022, un día antes de que comience la fase de juzgamiento. La audiencia queda en suspenso mientras se realiza un nuevo sorteo para conocer quién reemplaza a Camacho en el Tribunal Penal. 

Camacho quedó fuera del caso por pedido de la Fiscalía, quien la recusó por tener “una amistad íntima” con el excontralor Pablo Celi, procesado.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 572, numeral 8, indica que un juez debe excusarse de conocer un caso cuando tiene “amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales”.

La jueza Camacho, quien acudió a la audiencia, dijo que la recusación tiene como base garantizar el debido proceso y el derecho de Celi a ser juzgado por un juez imparcial.

Ya el pasado 4 de febrero, ella presentó un pedido de excusa del caso, pero le fue negado pese a que incluyó como prueba conversaciones por WhatsApp con el anterior contralor, hoy detenido.

El tribunal de juzgamiento queda, por el momento, conformado por Walter Macías, ponente, y el conjuez Adrián Rojas, quien no fue retirado del caso a pesar de que la defensa de Celi pidió que sea separado.

Según el abogado del excontralor, Marcelo Ron, él había adelantado criterio en la causa al resolver la situación de Camacho y por eso no podía ser parte del Tribunal. Pero su pedido no procedió y él actualmente sigue. 

Todos estos enredos judiciales demoran los tiempos para la resolución del caso. El próximo 13 de abril de 2022 caduca la prisión preventiva y si hasta esa fecha no hay una sentencia, los tres procesados que aún siguen detenidos deberán recuperar su libertad. Ellos son, además del excontralor, su hermano Esteban Celi y Luis Agusto, hermano del exsecretario de Presidencia José Agusto, muerto en la cárcel N.° 4.

En el juicio, la Fiscalía ha anunciado la presentación de alrededor de 300 personas, entre testigos y peritos. Según la acusación, los sospechosos formaron parte de una estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas para el desvanecimiento de glosas a contratistas de Petroecuador, como NoLimit, y la liberación del pago de planillas adeudadas.