El asesinato del fiscal Édgar Escobar Zambrano, perpetrado en la mañana del 19 de septiembre en la Plaza La Merced, en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdova, frente al edificio de la Fiscalía del Guayas donde laboraba, eleva a cuatro un preocupante conteo de funcionarios judiciales que han sido víctimas del crimen de un total de seis atentados en lo que va de este año y cuyos casos siguen en investigación.

Según testigos, la víctima recibió una ráfaga de tiros mientras atravesaba la plaza en dirección a su trabajo. El jefe de Criminalística de la Policía, Javier Chango, indicó que en el lugar hallaron ocho indicios balísticos, entre ellos siete vainas y una bala de calibre 9 milímetros. “Por la dinámica se puede establecer que hubo avance de la persona que realizó los disparos para atentar en contra de la vida del fiscal”, explicó.

Seguidamente, policías detuvieron a los dos presuntos responsables del crimen, cerca del cerro El Carmen, tras una persecución. Estos se movilizaban en una motocicleta y fueron capturados por personal del servicio urbano.

Según la información policial, los sospechosos tienen 19 y 16 años y pasaron a manos de las autoridades para la audiencia de formulación de cargos y la investigación del caso.

Escobar es el sexto funcionario judicial que sufre un atentado y el cuarto que es asesinado en lo que va de 2022.

El 25 de mayo de 2022, la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente, Jefferson Mendoza, fueron asesinados en la ciudad de Manta, Manabí, mientras se movilizaban en un vehículo. Según las investigaciones, ese día la fiscal no iba en su carro, sino en el de su colaborador. Su asesinato tiene a tres mujeres detenidas para investigaciones.

El 15 de agosto, el fiscal de Los Ríos, Federico Estrella, fue asesinado mientras se movilizaba hacia su casa, en Babahoyo. Según las investigaciones, llegaba a su domicilio cuando hombres en moto se acercaron a su vehículo y le dispararon.

Diez días después, el 25 de agosto, el juez de Sucumbíos, Nelson Yánez, fue asesinado al salir de su casa ubicada en Lago Agrio. Aunque la Fiscalía anunció el inicio de las investigaciones y el hallazgo de varios indicios, no se ha revelado mayores detalles de su muerte.

 Previamente, el 6 de mayo, el fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Hugo Alcívar, fue baleado mientras se movilizaba en su vehículo junto a una acompañante. A pesar de que el automóvil fue incinerado, Alcívar sobrevivió, pero no así su acompañante.

A ellos se suma ahora el asesinato del fiscal Escobar, de 45 años, quien trabajaba en el área de Personas y Garantías, unidad encargada de investigar las muertes violentas.

Entre otros casos, el funcionario investigaba el caso de las muertes por la explosión de una bomba en el barrio del Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, y otros relacionados con el narcotráfico.

“Pedimos más seguridad para los fiscales. No es posible que ocurra esto. Un buen funcionario. Estamos molestos por esta situación”, manifestó con indignación un compañero.

El mismo día, por la noche, se produjo un ataque en contra de un juez multicompetente del cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon al jurisconsulto que iba en un auto blanco, el cual salió ileso del atentado.

UN MENOR DE EDAD HABRÍA SIDO EL AUTOR

El menor de edad detenido por su presunta participación en el asesinato del fiscal Édgar Escobar es quien habría disparado, según el jefe zonal de la Dinased, Henry Herrera.

El joven, de 16 años, estuvo en un Centro de Menores Infractores por un robo cometido en febrero. “Se encontraba firmando semanalmente en la Dinapen. Tenía esa medida cautelar”, dijo. El otro, de 19 años, no registra antecedentes penales.

Entre las evidencias hay un arma industrial, marca Taurus.