El acaparamiento continúa, pero se afloja de a poco. Seguros Sucre sigue siendo el mayor proveedor de pólizas para el sector público pero, desde el año pasado, experimenta una reducción en su participación. En 2019, Hispana de Seguros y Aseguradora del Sur fueron seleccionadas por las entidades para garantizar la protección de sus bienes.

En total, según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), diez empresas de seguros tienen contratos considerables (de más de 700.000 dólares) con el Estado. Claro que Sucre se adjudica valores que las otras nueve no pueden alcanzar ni en conjunto. Esa aseguradora está conformada por capital público y, por disposición y normas emitidas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, tiene preferencia a la hora de adjudicar contratos. 

En 2019, tal como informó EXPRESO el 4 de febrero de 2020, el Estado firmó contratos de seguros por 169,9 millones de dólares. De ese monto, 86,5 millones corresponden a acuerdos con Seguros Sucre. 

En segundo lugar está Hispana de Seguros con 41,3 millones. El dato llama la atención porque, durante el anterior gobierno y los primeros años de la administración de Lenín Moreno, la empresa tenía pocos contratos con el Estado. Como ejemplo, en 2018, Hispana aseguró al Estado solo por 5,1 millones de dólares. Es decir, en doce meses creció en más de 36 millones de dólares. 

La cifra es aún más notoria si se compara con 2016 -último año completo de Rafael Correa en Carondelet-. Ahí, los contratos de Hispana no superaron los 3,4 millones de dólares. En ese mismo año, la estatal Seguros Sucre tuvo contratos sin concursos y de manera directa por 127,9 millones de dólares. 

El tercer lugar también es una muestra de una mayor participación privada en la provisión de seguros para el sector público. Aseguradora del Sur obtuvo contratos por 20,3 millones de dólares, en 2019. Un año antes solo firmó por 6,1 millones. 

Seguros Alianza, Latina Seguros, Sweaden Compañía de Seguros, Compañía de Seguros Ecuatoriano-Suiza, Seguros del Pichincha S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros, Seguros Equinoccial y Equivida Compañía de Seguros completan el top 10 de empresas que lograron un contrato por más de 700.000 dólares con las entidades del Ejecutivo, la Asamblea, la Función Judicial, las organizaciones de control social y transparencia y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Algunas de esas aseguradoras, entre 2013 y 2016, ni siquiera aparecían entre los oferentes adjudicados con montos menores. (ver cuadro)

¿A qué responde el cambio en la adjudicación de seguros del sector público? Datos del Sercop evidencian que en 2019 se dio un giro nunca antes visto. Las entidades estatales contrataron más seguros por régimen común que por modalidad especial. Es decir, las instituciones prefirieron hacer concursos transparentes y con más de un oferente. 

El año pasado, por modalidad común, se firmaron contratos por 105,5 millones de dólares. Por Régimen Especial -que se hace de manera directa y sin controles de transparencia- se adjudicaron 64,4 millones de dólares. 

La regla habitual era lo exacto opuesto. En 2018, por ejemplo, los contratos especiales sumaron 98,8 millones de dólares. Los contratos comunes, en cambio, alcanzaron solo los 35,2 millones de dólares. 

El caso estrella fue el de 2014. En ese año, que fue el de mayor contratación de seguros del país con 226,2 millones de dólares, se adjudicaron 187,9 millones de dólares por mecanismos ‘especiales’. Por Régimen Común, de otro lado, no se superaron los 38,3 millones de dólares.

MECANISMOS DE COMPRA

La reducción de gastos y la mayor participación de empresas aseguradoras en el mercado estatal responde, en parte, al incremento de mecanismos de contratación abiertos y con más de un oferente. La licitación de seguros, donde participan varias empresas y se adjudica a la más calificada y con el mejor precio, fue el mecanismo más usado durante el año pasado.

En cifras, por licitación de seguros, se adjudicaron contratos por 102,7 millones de dólares durante 2019. El mismo método, pero en 2018, permitió contratos solo por 32,9 millones de dólares.

En 2018, y en los años anteriores, el mecanismo más utilizado fue el de la contratación interadministrativa. Es decir, un acuerdo entre la entidad pública que requería el servicio y otra empresa pública (o con capital público) directo.

Bajo esa modalidad, en 2018, se firmaron contratos por 77,7 millones de dólares. En 2016, último año del correísmo, el valor fue de 122,7 millones.