Glosas y más glosas. EXPRESO, en su edición de ayer, desveló datos sobre informes con indicios de responsabilidad penal que, de acuerdo a información oficial de la Contraloría General del Estado, salpican a ocho legisladores en funciones, entre ellos la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Ahora, de acuerdo a esa misma información, este Diario recoge las glosas confirmadas que han causado estado sobre trece asambleístas que suman en total un valor confirmado de $ 34’762.566,74.

De ese millonario monto,  sobre el asambleísta de las filas de la alianza correísta Unión por la Esperanza (UNES), Pabel Muñoz, entre otros, recaen dos glosas por 34’089.724,1 dólares en total, una por un examen especial al arrendamiento de aeronaves y su utilización, y la otra por un examen especial al proceso de arrendamiento del avión Airbus A330, certificación de aeronave y su tripulación. Muñoz, como secretario de Planificación y Desarrollo, integró el Directorio de Tame, cuerpo colegiado sobre el que la Contraloría concluyó que autorizó el arrendamiento de las aeronaves “sin previamente haber establecido políticas empresariales y comerciales, para operar las aeronaves arrendadas en rutas internacionales”.

Otra cifra considerable es la glosa sobre el también legislador de UNES, Lenin Lara. Como alcalde de Esmeraldas, de acuerdo a la Contraloría, no controló que su entonces director administrativo emita al Servicio de Contratación Pública el informe de segundo trimestre de 2014 en el que conste todas las contrataciones realizadas por ínfima cuantía durante el mes de junio del mismo año, lo que “ocasionó que no se cumpla con la normativa y transparente la información pública de las contrataciones”.

El legislador de Pachakutik, Salvador Quishpe, es el que registra más auditorías que han derivado en glosas con un total de cinco. Le sigue su par del Partido Social Cristiano (PSC), Carlos Falquez, con tres; Muñoz junto con la presidenta Guadalupe Llori y los legisladores Francisco León y Lenin Mera recogen dos procesos cada uno. El resto cuenta con uno cada uno.

Sobre Llori, cuando fue prefecta de Orellana, la Contraloría concluyó, entre otros puntos, que ella así como el viceprefecto, el director y el coordinador de Obras Públicas “incumplieron la Ley de Codificación de Gestión Ambiental, al autorizar el inicio de procesos de contratación de ocho puentes vehiculares, sin que tengan la aprobación previa de las fichas ambientales y los planes de manejo ambiental, lo que no permitió precautelar la conservación, protección y manejo ambiental durante la ejecución de los proyectos”.

La Asamblea Nacional, a través de un comunicado público, que llega a modo de respuesta a la publicación de EXPRESO, comentó que los indicios de responsabilidad penal “son meras presunciones que no constituyen certezas y peor aún, sentencias de infracción alguna mientras no se investiguen y, de encontrarse responsabilidad, se sancionen”.

El comunicado también sale en defensa de la presidente Llori, recordando su pasado como perseguida política durante la época del correísmo y “demostró su inocencia en todos las acusaciones... tal como con absoluta seguridad ocurrirá ésta vez”, refiriéndose a los procesos sobre ella.