La publicación apareció en las redes sociales el pasado 5 de septiembre. “¡Nos robaron la palabra de Eugenio Espejo!”, denunció el colectivo quiteño La Cofradía de los Duendes. La información iba acompañada con fotos del testamento del ilustre político y escritor ecuatoriano que hasta ese entonces se encontraba en el Archivo Histórico Nacional. Dos folios, indicó el grupo, habían desaparecido y nadie, ni sus custodios, ofrecían respuestas.

Dos días después de que la noticia se viralizara, el Ministerio de Cultura y Patrimonio confirmó la sustracción del documento, que data de 1795.

En un comunicado extenso, la cartera estatal informó sobre las medidas tomadas para garantizar la recuperación de los folios. E indicó que, pese a contar con una denuncia en la Fiscalía General del Estado interpuesta en abril, no habían sido informados de la situación hasta el 6 de septiembre, cuando la directora del Archivo, Rocío Pazmiño, confirmó el hecho.

Pero la sustracción de los folios es tan solo el último suceso en una larga cadena de problemas que han afectado al Archivo Histórico Nacional, desde al menos 2013.

En un informe elaborado por el propio Ministerio de Cultura y Patrimonio, y cuyo fin era diagnosticar los repositorios del país con fin de intervenirlos, la entidad detalló que se debía adquirir un acondicionador de aire en óptimas condiciones, y que entre otros problemas estaba la falta de espacio físico, mobiliario y equipo tecnológico para el procesamiento de documentos; además de la falta de un sistema de detección y alarma contra incendios, de un sistema de seguridad y de personal técnico.

Este también detalla que de los 1’755.330 archivos que reposan en el sitio, solo 24.000 están digitalizados.

Con el fin de renovar repositorios, museos, archivos y bibliotecas del país hasta 2018, el ministerio recibió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por más de $ 19 millones. Pero tras una minuciosa búsqueda, este Diario determinó que de ese monto solo dos rubros de inversión fueron destinados al Archivo Histórico Nacional, uno de $ 4.000 para el mejoramiento de la climatización del lugar y otro, anual, para la adquisición de personal de seguridad.

EXPRESO solicitó al Ministerio de Cultura y Patrimonio información sobre el presupuesto anual que recibe el Archivo, cantidad de personal y datos sobre su sistema de seguridad y conservación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Rocío Pazmiño, directora de la entidad, tampoco atendió a reiterados pedidos de entrevista.

Un proyecto para mover el Archivo a otro edificio quedó abandonado en 2017, tras protestas ciudadanas. No obstante, un informe de 2013, que analizaba la necesidad de adquirir una nueva sede, señalaba que, tal como estaba, el sitio no tenía el espacio ni las condiciones necesarias para proteger los documentos de manera adecuada. “La gran mayoría del espacio está ocupado por archivos al interior del edificio y el espacio para desarrollar actividades se vuelve muy limitado. La mayor parte del edificio se encuentra cerrado por puertas y ventanas exteriores que permiten el ingreso de la luz natural del sol. Y los archivos, al recibir luz natural, pueden deteriorarse y perder legibilidad”, establecía.

Este también indicaba que, ya en ese año, se habían perdido al menos “55.000 documentos por fallas de humedad en los lugares de almacenaje”.

Ahora, tras el robo del testamento, el ministerio nuevamente considerará la reubicación de los veintiún fondos de documentos que reposan en el sitio. Una comisión hará un inventario de los archivos para determinar si hay más irregularidades o sustracciones.

Para los expertos, la solución no es contar con más medidas de seguridad, sino con más presupuesto para facilitar la digitalización de los documentos.

El museólogo quiteño Manuel Jiménez indicó que esta medida evitaría que los visitantes tengan acceso a los archivos físicos. “Hay instituciones en el propio Quito, como la biblioteca Aurelio Espinoza, que tienen todo digitalizado. Esto evita que haya contacto con los documentos, de manera que estos se pueden preservar y universalizar. Pero los presupuestos son ínfimos y hay poco personal técnico. Se debe priorizar”, argumentó.

Con él concordó Raúl Gómez, catedrático especializado en restauración patrimonial. “No hay los equipos adecuados para preservar los documentos, porque no se invierte en eso. Poner más guardias no va a evitar la sustracción de documentos. Actualizar los protocolos y digitalizar los fondos sí”.

El periodo de indagación previa concluyó el 9 de septiembre. Pese a ello, el informe todavía no está listo. Tampoco hay pistas acerca del paradero del testamento.

200 piezas robadas en veinte años

En los últimos veinte años han desaparecido cerca de 200 obras de arte y documentos históricos del país.

Uno de los casos más llamativos fue el de la sustracción de la Custodia de Riobamba, que desapareció en 2007 y se recuperó parcialmente al año siguiente, en Colombia. Esta había sido dividida en fragmentos.

Las iglesias han sido el escenario más frecuente de los robos de arte en Ecuador. La capilla del Consuelo en Quito, por ejemplo, perdió cuatro pinturas del siglo XVIII en 1996.

En la capital también se han robado obras de las iglesias San Agustín, Santo Domingo, Santa Clara y San Francisco. De esta última desaparecieron cinco esculturas del siglo XVIII y dos pinturas del siglo XVII.

El robo más grande ocurrió en la iglesia La Merced, de donde a fines de los años noventa del siglo pasado se robaron cuarenta obras, entre cuadros, esculturas y objetos religiosos.

Este Diario consultó al Ministerio de Cultura y Patrimonio sobre las denuncias de robos en museos, repositorios, bibliotecas y archivos registradas en los últimos nueve años, tras la implementación del inventario de los bienes patrimoniales, pero no hubo respuesta.

Para el experto en seguridad Diego Urquizo, parte de la problemática con la sustracción de obras de arte es que no existen protocolos adecuados de detección a nivel nacional. “Es muy sencillo robarse un documento o un cuadro y sacarlo del país por el propio aeropuerto, porque no hay suficientes protocolos ni capacitaciones para que el personal lo pueda detectar”.

Durante dos años, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló un proyecto piloto en el aeropuerto de Quito para detectar el robo de objetos patrimoniales, pero este se detuvo en 2015 por falta de fondos.