Pedido inadmitido. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inadmitió a trámite la solicitud de medidas cautelares del movimiento Justicia Social para detener la impresión de las papeletas electorales para los comicios del 7 de febrero próximo. El 2 de enero pasado, Jimmy Salazar, director ejecutivo nacional encargado del movimiento político, presentó el pedido formal al Tribunal, el mismo que recayó en el despacho del juez Ángel Torres.

En su fallo, el Tribunal concluye, en base a los artículos 87, 226 de la Constitución y 245.4 del Código de la Democracia, que Salazar y su abogada patrocinadora yerran al dirigir la solicitud de medidas cautelares autónomas al Tribunal... “que nada tiene que ver con las autoridades judiciales competentes de primera instancia de la Función Judicial”, para conocer y resolver garantías jurisdiccionales constitucionales, incluidas las solicitudes de medidas cautelares. “Si el Tribunal Contencioso Electoral no es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares por no ser juez constitucional, no amerita ningún otro análisis respecto a las alegaciones formuladas por el recurrente”, reza parte del fallo.

Además de las medidas cautelares, Salazar solicitó que se garantice a todos los sujetos políticos el mismo tiempo para realizar la campaña electoral, que se disponga al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se “abstenga de entregar los fondos de promoción electoral mientras no estén definidos todos los candidatos para los comicios de febrero de 2021”.

El CNE, tras recibir una certificación del TCE de que no existen causas pendientes relacionadas con las candidaturas presidenciales, autorizó la impresión de las papeletas. Esto deja por fuera al aspirante a Carondelet de Justicia Social, Àlvaro Noboa, quien insiste en querer participar en los comicios.