A 16 años de haberse entregado a manos privadas la administración y operación de los aeropuertos de Guayaquil, las turbulencias generadas por la crisis derivada de la emergencia sanitaria causan un remezón en el compromiso de concesión con el Municipio que va hasta el año 2029.

La concesionaria Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S. A. (Tagsa) ha solicitado la suspensión del periodo de concesión y, bajo el amparo de una cláusula del contrato, espera medidas de remediación ante el impacto de la pandemia en sus arcas. La fundación municipal Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAE), que confirmó la petición recibida, indica a EXPRESO que debe analizar ese pedido del pasado 17 de marzo.

La concesionaria, que en 2019 reportó $ 18,7 millones de utilidad neta, busca con ello que se compense de alguna manera la afectación económica y financiera de la inactividad del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo.

La concesión a Tagsa, cuya vigencia originalmente era de 15 años y seis meses, ha experimentado modificaciones contractuales a través de siete adendas que establecieron, entre otros puntos, la ejecución de obras adicionales y la extensión del periodo de delegación. La última prorrogó el plazo hasta el 27 de julio de 2029 (ver infografía).

Sobre el tema, este Diario no logró obtener las versiones de la concesionaria (su vocera, Daniela Arosemena, señaló que es la fundación municipal la que debía pronunciarse), ni de la alcaldesa Cynthia Viteri. Su jefa de Comunicación, Gardenia Elizalde, alegó problemas de agenda. 

Nicolás Romero, gerente general de la Autoridad Aeroportuaria, detalla que la concesionaria invoca en su solicitud el acuerdo ministerial del 11 de marzo, que declaró el estado de emergencia sanitaria por COVID-19; además de los acuerdos interministeriales del 12 y 13 de marzo, en los que se dispuso un aislamiento preventivo a todo viajero que ingresara al país; y el del 14 de marzo, que ordenó la suspensión, desde el 17 de marzo hasta el 5 de abril, de todos los vuelos internacionales hacia Ecuador, así como la declaratoria de estado de excepción que decretó el presidente Lenín Moreno. 

Tagsa plantea que aquellos eventos corresponden a un caso fortuito o de fuerza mayor, razón por la que solicita la suspensión del periodo de concesión, especifica Romero.

En temporadas normales, los servicios aeroportuarios a cargo de la concesionaria generan ingresos brutos anuales por alrededor de $ 71 millones, a los que hay que descontar rubros como gastos operativos, depreciaciones, pago de canon e impuestos. ¿De cuánto ha sido el perjuicio económico de Tagsa en tiempos de pandemia? La empresa deberá fundamentar sus cifras, que serán evaluadas por la fundación municipal.

Como obligación contractual, la sociedad concesionaria debe aportar anualmente el 55,25 % de los ingresos brutos regulados devengados, a un fideicomiso con cuyos fondos se financiará el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional. Tagsa también tiene que cancelar, cada seis meses, $ 750.000 a la Autoridad Aeroportuaria, por concepto de servicios administrativos relacionados con la operación, supervisión y administración de la delegación.

Desde 2004, cuando inició la concesión, esa empresa privada ha pagado $ 340 millones como aporte al fondo fiduciario, según reportes de Autoridad Aeroportuaria. Romero sostiene que de llegarse a determinar que la solicitud es procedente, la cláusula vigésima quinta del contrato de concesión establece que “la Autoridad Aeroportuaria y el concesionario, de mutuo acuerdo, definirán la compensación que corresponda, sea en el plazo de la concesión, en las tarifas u otro mecanismo definido de común acuerdo”.

EXPRESO comprobó que la fundación está por contratar una consultoría para la evaluación, en números, de las medidas remediales que permitan devolver el equilibrio entre las prestaciones y la contraparte económica en el compromiso de concesión.

Esa consultoría, según los pliegos del portal de Compras Públicas, incluirá toda consideración necesaria para que la fundación del Municipio de Guayaquil analice cómo remediar los efectos económicos y financieros de la pandemia.

PARA SABER

Socios. Los accionistas de Tagsa son Corporación Aeroportuaria (Argentina), Dellair Services S. A. (Ecuador) y Michel Deller, según datos de la Superintendencia de Compañías.

Creación. Corporación América, de Argentina, ganadora de la licitación, en 2003, creó luego la empresa Tagsa con el objetivo de operar y administrar el aeropuerto de Guayaquil.

EL DETALLE

Prestaciones. Desde el 1 de agosto de 2004 los ingresos por servicios aeronáuticos y no aeronáuticos pasaron a ser administrados por Tagsa.