Con al menos tres testimonios anticipados pendientes y versiones sin juramento, fijados con anterioridad por el juez Felipe Córdova y la Fiscalía, la instrucción fiscal por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres llega a su final.

Este jueves concluyeron los 120 días de la investigación en la que la Fiscalía recopiló elementos de convicción que, en caso de un juicio se convertirán en pruebas, sobre la existencia de una estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas.

Ayer debía seguir en la Corte Nacional de Justicia la recepción de tres testimonios anticipados en el caso que involucra a 15 procesados, entre ellos el excontralor Pablo Celi.

La diligencia, prevista para las 08:30, se postergó para el próximo miércoles 18 de agosto a las 09:00. Se receptará casi ocho días después del cierre del expediente.

La semana pasada se recibieron los primeros testimonios anticipados. Raúl de la Torre, familiar del excontralor Celi y exasesor de la Gerencia de Petroecuador, reveló cómo funcionó el mecanismo de cobro de coimas.

También José Luis de la Paz, de la empresa NoLimit, indicó que cuando se cansaron de los constantes pedidos llevaron la grabación a las autoridades estadounidenses. Ambos admitieron en Estados Unidos que cobraron y entregaron coimas y fueron sentenciados.

Ayer, antes de que se suspendiese la diligencia, Lenín Ortiz, abogado de Daniel Orellana, señaló que la trama de este supuesto ilícito tiene que ver con el requerimiento y entrega de coimas tanto en Petroecuador, como Contraloría y Secretaría de la Presidencia de la República.

Sus principales exautoridades fueron involucradas en el caso. De ellas, solo Pablo Celi sigue detenido en la cárcel 4 de Quito. Pablo Flores tiene medidas sustitutivas y el caso para José Agusto concluyó por su fallecimiento.

Ortiz recordó que los supuestos afectados son los miembros de la empresa NoLimit, contratista de Petroecuador que habría entregado coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y liberación del pago de las planillas y la línea discursiva de ellos es que han sido víctimas.

Sobre su cliente destacó que no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad. En su contra se habla de un supuesto mensaje, pero el defensor ratificó que ya se ha aclarado que él jamás ha recibido coimas.

Orellana es uno de los 11 procesados que recibió acusación particular de parte de Petroecuador. El documento se presentó en la Corte Nacional y esta instancia ya notificó a las partes procesales con esa y la presentada por la Procuraduría que acusó a 13 sospechosos.

En un documento de 66 páginas, la estatal recordó que en la Contraloría, Secretaría de la Presidencia y Petroecuador, entre 2017 y 2020, se conformó una estructura delincuencial integrada por funcionarios públicos de alta jerarquía que tenía como objetivo desvanecer glosas de personas naturales y jurídicas.

El objetivo era allanar el camino para que Petroecuador pueda realizar pagos a su favor. De esa forma, según la estatal, se habría gestionado y viabilizado el pago correspondiente a 20’345.609 dólares inobservando la normativa legal y saltándose los procesos de control interno y en tiempo récord. El objetivo, se señala en el documento, era cancelar supuestos trabajos adicionales denominados ‘entregables’ que no se habían autorizado dentro de contratos complementarios.

Además de Orellana, la acusación es para Pablo Flores, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, Pedro Saona, Natalia Cárdenas y Martha Berrezueta. Esta última entregó el celular de su esposo Roberto Barrera a la Fiscalía. Petroecuador aseguró que en la organización existen varios elementos como: plan común, división del trabajo e importancia del aporte.

El dato

Juicio. Está pendiente además el procedimiento directo solicitado por Esteban Celi de la Torre, hermano del excontralor.