El 2022 ha sido un período difícil para Ecuador. El país ha tenido que enfrentar terribles sucesos desde que comenzó el año, si en algún momento existió la pequeña esperanza de que la situación pudiera mejorar, la creencia se esfumó rápidamente, pues el paso del tiempo solo dejó como resultado un hecho violento tras otro.

• 31 de enero: el sector de La Gasca es impactado por un aluvión

Llega el 31 de enero de 2022, lo que aparentemente transcurría como otra tarde lluviosa en el sector de La Gasca, noroccidente de Quito, de pronto se convirtió en una horrorosa pesadilla para los habitantes de ese sector. Un aluvión fue destrozando todo lo que encontró a su paso, las personas fueron impactadas por el fenómeno climático mientras se encontraban en sus hogares, recorriendo las calles, o jugando en las instalaciones de una cancha del sector.

Según el Municipio de Quito, el hecho dejó 28 personas fallecidas, 52 heridas, 5 desaparecidas y al menos 348 resultaron afectadas. Además, 3 casas quedaron totalmente destruidas, mientras que, 38 hogares terminaron con daños parciales. Los moradores del sector explicaron la dramática situación que vivieron en ese momento, manifestaron haber visto como los carros se apilaban mientras eran arrastrados por el cúmulo de lodo, escombros y troncos que descendían de las laderas del Pichincha, mientras esto ocurría los ciudadanos trataban de alertarse unos a otros sobre la emergencia para que todos alcanzaran a salir de sus casas.

Mediante redes sociales se comenzaron a difundir rápidamente los momentos de terror que había generado el aluvión, en los videos se podía sentir la angustia que atravesaron los residentes del sector al ver como sus casas quedaban totalmente destruidas, mientras familias enteras salían corriendo con las cosas más esenciales en sus manos, pues detrás de ellos se acercaba a gran velocidad el aluvión. El hecho causó un gran impacto en los quiteños, así como el colapso del tránsito y de las actividades laborales de ese día.

Los habitantes más longevos del barrio indicaron que no era la primera vez que ocurría un aluvión allí. De hecho, el sector está marcado en un mapa de riesgos por el Municipio de Quito, pero las administraciones no han presentado la prohibición de la tala de árboles, por ende, las viviendas se han construido sobre un antiguo bosque, el mismo que ahora ha sido reducido a peatonales. El problema es que al haber edificado encima de quebradas naturales, el agua lluvia se acumuló en el sistema de alcantarillado, originando así una ola lodo y escombros que se precipitó contra el barrio.

Luego de seis meses de la tragedia, el Cabildo quiteño presentó mediante una rueda de prensa el informe de acciones que se ejecutaron en el sector de La Gasca. Los trabajos que se emprendieron fueron parte del plan estratégico de la Secretaría de Inclusión Social en ayudas técnicas, según el Municipio, el organismo entregó kits de alimentos, vestimenta, limpieza y bioseguridad a las familias damnificadas.

Lo cierto es que han transcurrido 11 meses de ese fatídico día y según los moradores de La Gasca, el Municipio de Quito no cumplió todas sus promesas, pues aún hay casas que no han sido reconstruidas y familias que no han sido reubicadas.

• 9 de mayo: los enfrentamientos en la cárcel de Santo Domingo dejan 44 muertos y 10 heridos

Durante la madrugada del lunes 9 de mayo de 2022, inició un motín en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Fiscalía señaló que el hecho se originó por el enfrentamiento entre las organizaciones delictivas ‘Los Lobos’ y ‘R7’, cuya rivalidad se debe a la disputa territorial para la exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

La violencia se extendió hasta el 11 de mayo de 2022. 44 reclusos perdieron la vida, 10 resultaron heridos y 220 lograron fugarse, sin embargo, la Policía recapturó a 200 y ofreció una recompensa de 300 a 3.000 dólares por brindar información que permita la localización de los 20 reos que faltaban de recapturar.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) en conjunto con la Policía Nacional emprendieron un operativo y ejecutaron diversas acciones dentro del centro carcelario para recuperar el control del mismo. La situación se intensificó en horas de la mañana cuando algunos reos se treparon en los techos del reclusorio, mientras, en los exteriores del centro de rehabilitación comenzaba a reinar el caos y la incertidumbre por la llegada de cientos de personas que buscaban información sobre sus familiares.

Los disturbios continuaron con las detonaciones de gases lacrimógenos dentro del centro penitenciario, lo que obligó al comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, a realizar un llamamiento de refuerzos policiales, de esta manera las autoridades lograron desactivar un artefacto explosivo colocado en la vía que daba acceso al centro de rehabilitación.

Una vez que se recuperó el control total de la cárcel, se realizó un allanamiento dentro del pabellón de máxima seguridad, allí se encontraron armas de grueso calibre como fusiles, pistolas, revólveres, cargadores, granadas y cientos de cartuchos de munición.

1.400 agentes penitenciarios fueron designados a las distintas cárceles del país, luego de que la Policía pudiera recuperar el control del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo.

Después del enfrentamiento entre ambas bandas, no se abrió ningún proceso en contra de Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias ‘Anchundia’, quien en ese entonces era el líder de la banda ‘R7’, y tampoco se lo hizo con Alexander Ariel Quezada San Martín, alias ‘Ariel’, quien estaba al mando de la organización delictiva de ‘Los Lobos’.

• 13 de junio al 30 de junio: el paro nacional se toma las calles del país

El lunes 13 de junio de 2022 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dirigida por Leonidas Iza, conjunto con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (FENABE) y diversas asociaciones populares informaron que iniciarían el paro nacional bajo el fundamento de 10 temas prioritarios en material económico y de derechos. Días antes de este hecho, sectores productivos como el florícola y de exportadores manifestaron su preocupación por el cierre de las vías del país y el cese de los envíos de suministros que representaba la paralización.

Las organizaciones expusieron que el paro se originaba como un claro reclamo hacia el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, por no haber cumplido con los ofrecimientos de aumentar las plazas de empleo y dejar en el olvido el incentivo económico a los pequeños agricultores y ganaderos. Los propulsores del paro también solicitaron que se les otorgue a las cooperativas de ahorro y crédito una prórroga en los préstamos y embargos de las instituciones públicas, como el Servicio de Rentas Internas (SRI), y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con un año de gracia en sus periodos.

El paro nacional se vio reflejado en el cierre de algunas de las principales vías del Ecuador, los enfrentamientos entre la Policía Nacional con los manifestantes y los saqueos a negocios e instituciones en varias ciudades del Ecuador. Además, se emitió la alerta de que posiblemente se estaba almacenando material explosivo en la Casa de la Cultura de Quito, lugar que servía como punto de acopio y reunión de la CONAIE, esta alarma derivó en un allanamiento que terminó en disturbios.

Luego de algunos días de haber comenzado el paro nacional, los supermercados y centros comerciales empezaron a presentar cierto nivel de escases en granos, vegetales y verduras, en redes sociales se compartieron las imágenes de las perchas vacías, inmediatamente las empresas solicitaron a los usuarios que no realizaran compras mayoristas, para que de esa manera se descongestione el flujo de venta y todas las familias pudieran disponer de los productos. El desabastecimiento de productos cárnicos y lácteos no tardó en presentarse, frente a este panorama la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, autorizó la compra de productos a Perú, a través de la frontera sur.

En el puerto principal el paro se vio reflejado en la organización de una marcha pacífica integrada por organizaciones indígenas que se unieron a grupos sociales, gremios de trabajadores, estudiantes, mujeres, colectivos de médicos y transportistas que recorrieron la avenida 9 de octubre para mostrar su descontento con las políticas del Gobierno.

Al ver que el paro comenzaba a extenderse por todas las ciudades del país, el presidente Guillermo Lasso autorizó el uso progresivo de la fuerza a los militares y policías para “defender la democracia” y pidió el regreso inmediato de todos los manifestantes hacia sus comunidades.

El primer mandatario también informó sobre la reducción de 0.10 centavos por galón en el combustible.

En algún momento del paro nacional se planteó la idea de un posible diálogo entre Leonidas Iza y el presidente Guillermo Lasso, pero el mismo no se efectuó. Los índices de violencia, desestabilización social y económica se incrementaron a tal punto que la Asamblea Nacional inició el debate para proceder con la destitución de Guillermo Lasso, pero la propuesta quedó sin efecto porque faltaron 12 votos para que se pudiera separar al primer mandatario de su cargo.

El 14 de junio de 2022 se arrestó a Leonidas Iza por el delito de paralización de servicios públicos, sin embargo, el 15 de junio de 2022 la jueza Paola Bedón ordenó su liberación inmediata, imponiéndole medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y la periódica presentación ante un juez.

A finales del mes de junio de 2022 se instaló una mesa diálogo entre la CONAIE y el Gobierno, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se ofreció como mediadora. Durante estas conversaciones se instalaron mesas de seguimiento para temas como la focalización de los combustibles, la seguridad y los derechos laborales.

La estimación de las pérdidas económicas que dejó el paro nacional fue de 1.104 millones de dólares y en daños materiales de 10,6 millones. Las movilizaciones terminaron el 30 de junio de 2022, nueve personas fallecieron durante las protestas, seis de ellas perdieron la vida en los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad.

• 14 de agosto: atentado en la calle 8

La madrugada del domingo 14 de agosto de 2022 ocurrió una explosión en la calle 8, ubicada en el sector de Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil. El hecho se viralizó con rapidez mediante las redes sociales, debido a la magnitud de los daños, el gran número de heridos y familias damnificadas. El atentado dejó como saldo 5 muertos, 23 heridos y varias viviendas destruidas.

Este barrio era conocido por las autoridades como una “zona peligrosa”, puesto que, en el pasado se organizaban fiestas con alto volumen, irrespetaban los horarios de toque de queda y un sinnúmero de personas se conglomeraban en la vía pública para beber alcohol.

Por la gravedad de la situación, el Gobierno declaró estado de excepción por 60 días en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y Samborondón. La Policía Nacional realizó diversas investigaciones, las mismas determinaron que tacos de dinamita fueron situados estratégicamente en puntos claves de este sector.

Luego de un intenso operativo, las autoridades lograron aprehender en el suburbio de Guyaquil a Darío Arturo Chinchay San Lucas, alias ‘Morado’, de 34 años de edad, quien formaba parte de la banda delictiva ‘Los Águilas’.

El sujeto fue procesado por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, sin embargo, Chinchay salió en libertad y bajo confesión afirmó su participación en el atentado terrorista de la calle 8.

‘Morado’ cuenta con un historial delictivo desde el año 2016, pero quizás el arresto que más llama la atención se dio en abril de 2022 cuando fue capturado por un intento de asesinato en contra de 7 personas.

Por su participación en el atentado, Chinchay se enfrentó a una posible condena de 15 años, pero solo estuvo en la cárcel 4 meses. De acuerdo con el fallo judicial, no existía motivación alguna para su prisión preventiva ya que nunca se mostró ante la ley un reconocimiento médico legal por parte de las personas heridas en el atentado. Alias ‘Morado’, fue puesto en libertad con la condición de que comparezca ante un juez cada 10 días y quede prohibida su salida del país.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realizó un listado preliminar con las víctimas colaterales de la explosión y se comprometió a entregar un bono de 260 dólares. Entre las familias, víctimas de la explosión, se encuentran personas mutiladas que aún esperan ser reconocidas como discapacitadas para poder acceder a un bono que les permita solventar sus gastos diarios.

A pesar de la ayuda recibida mediante kits de alimentos, exoneración en gastos de servicios públicos y brigadas médicas, los moradores de la calle 8 afirman que les han mentido, ya que, si bien recibieron las provisiones, las mismas fueron por un corto periodo, por eso los residentes de ese barrio sienten que las autoridades los dejaron abandonados.

El sector trata de levantarse poco a poco mediante la petición de donaciones en redes sociales y con la realización de bingos para poder efectuar las adecuaciones estructurales del lugar, esto con el fin de evitar que algunas de las víctimas sigan durmiendo en la calle, en medio de los escombros que en algún momento llamaron hogar.

• 11 de septiembre: asesinato de María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía

Sin duda uno de los hechos que más conmocionó al Ecuador durante este 2022, fue el asesinato de la abogada quiteña María Belén Bernal, el crimen fue presuntamente cometido por su expareja, el expolicía (ahora prófugo) Germán Cáceres. El delito se habría llevado a cabo en uno de los dormitorios de la Escuela Superior de la Policía, situada en la capital del país.

La mujer fue vista por última vez durante su ingreso al edificio el domingo 11 de septiembre de 2022, tras diez días de una intensa búsqueda, su cadáver fue hallado en los alrededores del cerro Casitagua, ubicado en el norte de Quito. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, pudo reconocer que el cuerpo era de su hija al recordar la ropa que Bernal llevaba puesta.

Un día después del descubrimiento, el 22 de septiembre de 2022, se llevó a cabo el velorio de María Belén Bernal, en el teatro de la Universidad Central del Ecuador, en Quito. El féretro de la abogada fue recibido en una calle de honor compuesta por colectivos feministas.

La madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, llegó junto a su nieto y allegados de la víctima, al arribar al sitio, la multitud comenzó a reclamar justicia y a pedir que el delito no quede impune. En una declaración durante el velorio, Elizabeth Otavalo, manifestó que recurriría a instancias internacionales porque ya no confiaba en las investigaciones realizadas por el Gobierno.

Por este hecho se detuvo a la cadete Joselyn Sánchez, el 16 de septiembre de 2022, en primera instancia se la relacionó al caso porque la cadete afirmó haber escuchado que una mujer solicitaba auxilio. Sin embargo, luego de un tiempo Sánchez cambió su versión y pasó a negar todo lo que había declarado en un inicio, la mujer dijo que sus primeras declaraciones fueron impulsadas por las amenazas y la presión de los altos mandos de la Policía. El abogado y los familiares de la cadete procesada pidieron su liberación, alegando que, debido a la carga psicológica de ser acusada de femicidio, Sánchez se encontraba mal de salud.

Aunque en la nueva declaración la cadete aseguró que el día de la desaparición de Bernal, no oyó nada dentro de los dormitorios, porque se quedó dormida, la Fiscalía General del Estado (FGE) negó el pedido de revocatoria de medidas cautelares. Días después, el presidente Guillermo Lasso, informó mediante una cadena nacional, la destitución de Patricio Carrillo, quien en ese entonces era ministro del Interior, la remoción se dio por no cumplir con la tarea de brindar respuestas inmediatas sobre la noche del femicidio y de la localización de Germán Cáceres.

El 1 de octubre de 2022, la Policía Nacional solicitó a la Fiscalía una orden judicial para que la búsqueda y arresto de Germán Cáceres se amplíe internacionalmente, pues hasta ese momento Cáceres solo constaba entre los más buscados por violencia de género dentro del Ecuador. La llamada “difusión roja” de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) se aprobó y desde el 4 de octubre de 2022 el nombre y la foto del expolicía aparece en la página web de la organización internacional, de este modo su búsqueda se realiza en 195 países.

El 5 de octubre de 2022, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, confirmó que Cáceres se habría fugado presuntamente por la frontera norte, y visitó Colombia. Eso fue comprobado debido a que Cáceres compró un seguro vehicular el 15 de septiembre de 2022 en la ciudad colombiana de Pereira, lo que permitió su identificación. Posteriormente, Cáceres continuó su ruta más al norte, allí las autoridades le perdieron el rastro.

El 9 de diciembre de 2022 la Fiscalía solicitó vincular en el caso al subteniente Alfonso Camacho, quien previamente declaró haber escuchado la discusión entre Germán Cáceres y María Belén Bernal durante la noche de su asesinato. El motivo de la vinculación sería por actuar bajo “presunta omisión” con relación al femicidio. Pero durante la audiencia del 14 de diciembre de 2022 el juez no aceptó el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía había solicitado para Camacho, en consecuencia, le dictaron medidas alternativas. Camacho tendrá que portar un grillete electrónico, presentarse todos los días ante la Fiscalía, además de tener prohibición para salir del territorio ecuatoriano.

• 1 de noviembre: ola de atentados en Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo

La noche del 31 de octubre de 2022, los habitantes del centro y norte de Guayaquil fueron atemorizados por una gran caravana compuesta por más de 50 motorizados, muchos de ellos con armas de fuego en mano, grababan cómo recorrían las calles de la ciudad a altas velocidades mientras irrespetaban las leyes de tránsito y amedrentaban a los transeúntes. Esta violencia desmedida fue solo el preámbulo de todo lo que estaba por llegar.

La madrugada del 1 de noviembre de 2022, las ciudades de Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo vivieron momentos de terror. Una ola de atentados con explosivos, dirigidos hacia las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y a las gasolineras se llevaron a cabo de manera organizada. Como si no fuera suficiente a esto se sumó el ataque armado hacia los servidores policiales.

La primera detonación se dio a la 01:34 del día 1 de noviembre de 2022 en una gasolinera ubicada en la parroquia Pascuales, seguida por 2 explosiones, una en la UPC de la Alborada, sector norte de Guayaquil, y la otra en una UPC ubicada en Esmeraldas. Además, se registraron disparos hacia los policías en la avenida Casuarina, al sur del puerto principal y otro en la calle 17 y Cuenca, suroeste de la ciudad. También se conoció que un vehículo explotó al pie de una gasolinera en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Esta ola de hechos violentos generó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretara estado de excepción en las provincias de Guayas, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo, también se implementó toque de queda a partir de las 21:00.

Uno de los hechos más impactantes de esta ola de violencia fue el atentado a bala que sufrió una UPC situada en las calles 14 y Pedro Pablo Gómez, en el sur de Guayaquil, allí dos uniformados resultaron heridos y uno murió.

Los atentados se originaron debido a la filtración de datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), donde se planeaba el traslado de 515 internos de la Penitenciaría del Litoral hacia otros centros de privación de libertad, por motivos de seguridad y arreglos en pabellones.

Se presume que detrás de estos atentados estuvo la organización narcodelictiva ‘Chone Killers’, que horas antes de los atentados difundieron un video en donde manifestaban que “asesinarían a inocentes si no regresaban a sus hermanitos al pabellón”, refiriéndose al traslado de los reos del pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral.

Gracias a las investigaciones de la Policía Nacional, se conoció que al mando de los 'Chone Killers' están los hermanos Camacho, uno de ellos es Israel alias ‘Trompudo Israel’ y Benjamín alias ‘Ben 10’. Hasta la fecha no se les ha levantado cargos por la ola de atentados que dejó como resultado a 5 policías asesinados, 28 personas detenidas y el decomiso de varios tacos de dinamita.