Una credibilidad que se va minando con el paso del tiempo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) atraviesa un nuevo momento de desconfianza por parte de las organizaciones políticas y la ciudadanía, luego de los comicios del domingo pasado.

No es la primera vez. Con cada elección presidencial consecutiva las calles aledañas al organismo electoral se han llenado de militantes, esta vez los de Pachakutik, que reclaman un nuevo conteo de votos en siete provincias en las que aseguran se perjudicó a Yaku Pérez. En 2017, esas mismas calles se coparon de simpatizantes de Guillermo Lasso por un motivo similar.

Las causas de esta desconfianza creciente son múltiples. En esta ocasión su principal origen estaría en la difusión de los resultados del conteo rápido para la dignidad de binomio presidencial, sin la aclaración de que entre el segundo y tercer lugar había un empate técnico que podría variar las ubicaciones. Eso omitió decir la presidenta Diana Atamaint.

Pero el jurista y académico Farith Simon señaló que la estructura electoral ecuatoriana está en duda no ahora sino desde hace casi dos décadas, cuando se llamaba Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo conformaban los partidos más votados y generaban justamente las sospechas de que sus integrantes favorecían a los grupos políticos que representaban.

“La reforma de 2008 modificó esa representación, pero a cambio organizó una estructura que en su diseño original permitía controlar a un solo partido político el CNE, porque al tener bajo su poder todas las funciones, también controlaba la instancia de designación. Es decir, más desconfianza”, recordó Simon.

Bajo ese formato, la denominada revolución ciudadana ganó cuanta elección hubo, siempre con márgenes amplios que no daban espacio al reclamo. Sin embargo, en 2017 cuando el balotaje entre Lenín Moreno y Lasso tuvo resultados más apretados, empezaron a relucir los problemas.

El exconsejero electoral Fausto Camacho reconoce que si bien parte de las dificultades es el mecanismo de conformación de los organismos de la Función Electoral, incluyendo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el mayor problema está en las personas que llegan a ocupar esos cargos.

“Ha habido al menos tres formas de conformar los organismos electorales y vemos que no funcionan por una simple razón: se ha ido incrementando cada vez más una conducta alejada de las reglas del juego que están en la Constitución y el Código de la Democracia. Si siguen actuando en función de intereses particulares y no como dice la ley, las cosas van a seguir sin funcionar”, considera Camacho.

El problema para ambos analistas es que si este CNE no toma una decisión urgente, pero sobre todo acertada para generar un ambiente de confianza, los ánimos de los inconformes podrían ir en aumento y más aún si es azuzada por actores políticos interesados en exasperar los ánimos.

Simon considera que una alternativa para devolverle un peso de legitimidad a las elecciones es que se haga el conteo de votos, con representantes de las organizaciones políticas, pero en donde existan impugnaciones serias, “la legalidad es importante, pero la legalidad sin fondo pierde sentido”.

Camacho dice que las imágenes de las actas de escrutinio deben ser entregadas a los actores políticos, pero también los resultados desagregados por cada junta receptora del voto (JRV), lo que permitiría hacer la comparación con la fuente de origen que es el acta. “Si esos datos están iguales a los que tiene el organismo electoral en su sistema informático, genera confianza de que está bien y desarma todas las leyendas urbanas sobre el fraude”, explicó Camacho.