La espera llega a su fin. Después de casi un mes de análisis de las pruebas presentadas por las partes en el juicio por posible cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, el tribunal que juzgó a Rafael Correa y otros, se apresta a anunciar su resolución.

La reinstalación de la audiencia será convocada para este martes 7 de abril, a las 10:00, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. Los jueces que integran el tribunal analizan, desde el 6 de marzo, los 31 testimonios de peritos y testigos que presentó la fiscal Diana Salazar, los tres testimonios anticipados y alrededor de 100 pruebas documentales con los que la fiscal dijo en el juicio que había probado su teoría del caso. Los miembros del tribunal: Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, estudiaron las pruebas desde sus casas y se reunieron por largas horas mediante vídeoconferencia. 

La emergencia sanitaria por el COVID-19, coronavirus, motivó la suspensión de labores en la Función Judicial, igual que en el resto de poderes del Estado. Los funcionarios judiciales cumplen sus labores mediante teletrabajo.

La teoría de la fiscal fue que entre 2012 y 2016 operó una estructura criminal dedicada a la recepción y distribución de sobornos que habrían entregado contratistas del Estado a cambio de obtener contratos de obras en las áreas estratégicas, a cargo del exvicepresidente Jorge Glas, preso en Cotopaxi por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Los destinatarios de las coimas habrían sido el círculo cercano del expresidente Rafael Correa y las campañas de Alianza PAIS. Los sobornos se habrían entregado en efectivo y mediante cruce de facturas. Algunos proveedores señalaron en el juicio que desde algunas instancias del gobierno solicitaron la provisión de sus servicios pero las facturas les fueron canceladas por empresas contratistas.

El juicio se desarrolló para 21 sospechosos. Pero, en los alegatos finales la fiscal dejó fuera de la acusación a Yamil Massuh, pidió pena reducida en un 90 % para Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y para su exasistente Laura Terán. En una audiencia reservada se analizó el cumplimiento de la colaboración efectiva de ambas exfuncionarias con la Fiscalía que, en la estructura, tenían calidad de coordinadoras.

Para un empresario sugirió la reducción de la pena en un tercio. Mientras que para los restantes 17 procesados la fiscal espera el máximo de la pena aumentada en un tercio. Entre los procesados se encuentran Rafal Correa, Jorge Glas, Wálter Solís, Viviana Bonilla, Alexis Mera, Christian Viteri, María Duarte, Vinicio Alvarado, entre otros.

El juicio se llevó a cabo en 13 días. La última jornada, concluyó el viernes 6 de marzo y duró 17 horas. La fiscal renunció a cerca del 80 % de sus testigos al igual que los defensores quienes presentaron los alegatos finales en el último día y pidieron que se ratifique la inocencia de sus clientes. 

Hablaron de persecución política, delito electoral y otros argumentos. En este caso caben dos alternativas: los jueces pueden declarar culpables a todos o ratificar la inocencia de algunos de ellos. La pena máxima por cohecho es de ocho años de cárcel.