El caso Yunda reveló una estructura de sorteos irregulares. Funcionarios judiciales manipulan el sistema para direccionar los casos. El objetivo: jueces a la carta.

Cinco modalidades se han revelado a partir de que se conociera que dos demandas del exalcalde de Quito Jorge Yunda no cumplieron los protocolos. En su pedido de medidas cautelares, por ejemplo, aparece un acta de sorteo con la firma falsificada de Gabriela Beltrán, ayudante judicial. Así lo indica la pericia grafológica.

El expediente nunca ingresó por ventanilla y según el secretario Paúl Pérez, simplemente apareció en su cajón sin firma de entrega o recepción.

En su versión en la Judicatura de Pichincha, el secretario contó que la causa no fue ingresada en el sistema y que el juez Carlos Soto pidió que se digitalice y se la asigne a su despacho. Cumplido este paso, el juez, hoy destituido, accedió al sistema para corregir los errores que presentaba el expediente. Este se presentaba como un proceso verbal sumario para pago de honorarios, es decir una vía civil. Pero en realidad era una solicitud de medidas cautelares.

Exactamente las mismas anomalías aparecen en otras 13 causas ingresadas en Quito, entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Los trámites empezaron como un pedido para pago de honorarios. Ocho jueces las conocieron y corrigieron los errores. Todos fallaron a favor de quienes presentan las demandas, que en la mayoría son empresas privadas versus entidades públicas. Incluso sus sentencias subidas en el sistema SATJE (consulta virtual de causas) tienen el mismo formato y los mismos argumentos.

La segunda modalidad consiste en ingresar una acción en fin de semana y en una unidad de Flagrancia. El proceso aparece como un delito flagrante, pero en realidad se trata de una acción de protección o de medidas cautelares. Al usar esta vía, la causa se direcciona al único juez que se encuentre de turno.

Una muestra es el litigio entre la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A. y la Alcaldía de Ambato por un fotorradar ubicado en una vía periférica de la urbe. La causa aparece en Machala, en El Oro. No hay registro de que se haya hecho sorteo. Según la concejala de esa ciudad María José López, el proceso se inició como un habeas data. “El GAD ya presentó una demanda en la Judicatura de Tungurahua para que se sancione a los funcionarios judiciales que estuvieron detrás de este sorteo irregular”, dijo. En este caso, están en juego más de $ 60 millones por fotomultas.

La tercera modalidad la explica Juan José Morillo, vocal de la Judicatura. Se usaban expedientes que ya estaban abiertos. Dentro se registraba un “incidente”, pero en realidad era la apertura de una nueva demanda. Lo normal es que cada acción se asigne mediante un sorteo. Este paso no se cumplía. Por ejemplo, los jueces emitían providencias en las que simulaban pedir a los litigantes que fijen domicilios, se citaba o llamaba a audiencia. Días después de ingresados los datos incorrectos, otros funcionarios entraban al sistema y corregían.

La cuarta modalidad también se aplicó en el caso Yunda, en Quito. La demanda se presenta por violencia de género. Así el sorteo se reduce a cuatro jueces. Si se ingresara como un pedido de garantías jurisdiccionales, la acción se sortearía entre todos los jueces: 215.

Finalmente, el último mecanismo empleado se detectó en Guayaquil. Se trata de varias vulneraciones al sistema que vienen desde afuera.

Desconocidos desactivan a los jueces. La causa se ingresa a una determinada hora. Si eran diez jueces, se retira del sorteo a nueve para que el pedido le llegue directamente al único que aparece activo. Luego se los vuelve a activar.

En la Fiscalía ya hay una investigación para rastrear a los integrantes de esta red y saber si cobraban por los sorteos.

El detalle

Sanciones. El Consejo de la Judicatura ha destituido a seis funcionarios judiciales. La Corte Constitucional ordenó corregir las malas prácticas en los sorteos.

Proceso

Caso Bucaram sin un sorteo

El 22 de febrero pasado, a las 08:57, el abogado de Jacobo Bucaram, José Moreno, presentó una demanda para cobro de honorarios por la vía verbal sumaria. El acta de sorteo no tiene firma y el caso era en realidad un habeas corpus que se direccionó al juez Alejandro Calderón. Él ordenó que se levante la prisión de Bucaram y dictó arresto domiciliario en Guayaquil. 

Investigaciones alcanzan a casos Bucaram y Hanrine

Las sanciones por sorteos irregulares de acciones, denunciados en el caso del exalcalde Jorge Yunda para evitar que su remoción se concrete, no quedarían solo en quienes conocieron sus pedidos.

El Consejo de la Judicatura también investiga posibles anomalías en el sorteo del habeas corpus interpuesto por Jacobo Bucaram. La Judicatura informó a EXPRESO que mediante informe vinculante emitido por la Dirección de Transparencia al pleno del organismo, “se han iniciado acciones disciplinarias a los funcionarios que ejecutaron el sorteo”. Además se ha presentado una denuncia en la Fiscalía.

El habeas corpus con el que Bucaram recuperó su libertad también está en la mira. Asimismo, otro de los casos de sorteos al margen de la ley es el denunciado por el asambleísta Mario Ruiz, por una presunta irregularidad en el sorteo de la acción de protección de la compañía Hanrine, indicó el Consejo.

Ahí también se iniciaron acciones disciplinarias y se presentó la denuncia en la Fiscalía.

La Judicatura informó además que se encuentra desarrollando un proceso de auditoría de sorteos y cambio de materia de causas constitucionales y demás materias en todo el país.

En al menos cinco provincias se habrían registrado irregularidades en los sorteos, según informó la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, en una radio de Quito. Por los sorteos de acciones de protección o medidas cautelares que han ingresado como casos de violencia, cobros de honorarios o verbal sumario, se han abierto en todo el país 17 sumarios. La mayoría, en Pichincha, en Guayas y en Manabí. 

El martes se anuncia el fallo por la acción de la exjudicial destituida

Antes de su destitución, Gabriela Beltrán conoció que en un informe se recomendaba que se le aplique esa sanción. Ella es una de las investigadas por las posibles anomalías en los sorteos de las acciones con las que el ahora exalcalde Jorge Yunda evitó que su remoción, resuelta el 3 de junio, se concretara.

Beltrán interpuso una acción de protección. Pero la audiencia se dio después de la resolución con la que se concretó su salida.

Ella ha insistido en que utilizaron su usuario y clave para el ingreso irregular no solo de las medidas cautelares que el juez Carlos Soto concedió a Yunda, sino de otras y en otros casos.

El miércoles pasado la defensa de Beltrán explicó cómo se violentaron derechos fundamentales como el debido proceso, defensa, seguridad jurídica, trabajo y honra, sobre la base de que el inicio del sumario se dispuso ilegalmente, argumenta su abogado Ciro Guzmán. El fallo se conocerá mañana a las 16:00.