Ecuador vive días de incertidumbre ante la posibilidad de que el presidente Lenín Moreno decrete un nuevo estado de excepción con confinamiento focalizado que mande a los habitantes de al menos 11 provincias a sus casas en medio de una grave crisis sanitaria y económica que ha provocado la discordia entre el gremio médico, que pide medidas duras, y el productivo, que grita por mayor control a la informalidad para evitar restricciones que los golpeen.

Sin embargo, para que el presidente Moreno emita el decreto, este debe contar con informes detallados que expliquen la real situación sanitaria de los sitios donde se quiere intervenir y que la justificación principal ya no sea la misma de decretos anteriores, pues esa una de las razones por la que la Corte Constitucional suspendió el estado de excepción de diciembre pasado.

“Lo fundamentó bajo hechos que ya habían sido considerados en los decretos de estado de excepción de marzo, entonces la Corte le dice ‘prácticamente me estás diciendo lo mismo que la otra vez. Indícame un nuevo hecho, un nuevo elemento diferente para que en realidad te dé paso al decreto de estado de excepción’”, explicó a este Diario el constitucionalista André Benavides.

Para construir ese fundamento, que según Benavides debería contar con datos de repunte de contagios, de ocupación de camas UCI, de comparaciones de muertes con años anteriores por cada localidad en la que quieren imponer restricciones, las mesas técnicas del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional se han demorado una semana, tiempo que cuesta decenas de vidas diarias y que representa la mitad del tiempo del período por el que el COE pedía el miércoles pasado imponer restricciones: 15 días.

Datos que, según han dicho las autoridades que conforman el COE en distintas ocasiones, tienen disponibles para tomar las resoluciones pero que, tras un año, aún da la impresión de que les cuesta unificar.

Hasta el cierre de esta edición aún no había certeza de si la plenaria del COE iba a sesionar para discutir los informes y recomendar o no al presidente que dicte medidas más fuertes.

Aunque desde los gremios médicos señalan que la situación es crítica en todo el país, en ciudades como Quito y Guayaquil ya se vive una nueva ola.

En el Puerto Principal hay al menos 30 muertes diarias por COVID, pero el pasado viernes, por ejemplo, hubo 41 fallecidos más por encima del promedio de fallecimientos normales. “Hace dos semanas murieron 178 personas por encima del promedio habitual de muertes en Guayaquil. Eso se lo atribuye al COVID. Esta última semana, (hubo) 256 personas por encima del promedio habitual, atribuidas al COVID. Estamos subiendo cada día más contagios, casos sospechosos, casos confirmados con PCR y defunciones”, señaló la alcaldesa Cynthia Viteri el lunes en un evento municipal.

“Para que ustedes comparen con datos, en Guayaquil hubo en octubre 144 fallecidos; en marzo, 503, y los primeros días de abril 354 y si sigue así la tendencia sería de 700”, proyectó Juan Zapata, presidente del COE, en la rueda de prensa del miércoles pasado donde se dictaron restricciones de movilidad vehicular por dos semanas que según especialistas tienen poco efecto en la disminución del ritmo de contagio del virus.

En la capital, hace dos semanas hubo un exceso de mortalidad de un 66 % y la semana pasada un 85 %. “Muchos de los hospitales están trabajando al 150 % de su capacidad”, agregó Zapata en la misma reunión.

Pasan los días y, mientras las mesas técnicas del Comité siguen analizando y juntando datos que sustenten el decreto, el panorama que se augura es desalentador.

“Es preocupante, podemos llegar a grave”, dijo el ministro Camilo Salinas sobre la situación sanitaria del país en una entrevista que publicó ayer la agencia EFE.

Según Salinas, solo para acceder a camas de cuidados intensivos en todo el país, 500 personas estaban en lista de espera la semana pasada.

En algunos hospitales han debido adaptar distintas áreas para hospitalización, como es el caso del IESS Quito Sur, dedicado enteramente a la pandemia y donde se atiende a pacientes en zonas de cafetería, en sillas, sillones e incluso catres colocados en carpas en los exteriores, señaló el medio internacional.

Enrique Terán, médico investigador y miembro del Comité Técnico de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud de Ecuador (FUPSE), dijo el domingo en una rueda de prensa que “lamentablemente las autoridades no tienen una idea clara de cómo enfrentar el problema de forma que pueda generar resultados beneficiosos para la población ecuatoriana”.

El especialista señaló que ellos no ponen en duda que se necesita tratar de mantener una reactivación económica. “Sin embargo, lo que no se puede permitir es una reactivación social. Si es que nosotros no entendemos que el problema está ahora naciendo de los núcleos de cercanía familiar y confianza y donde se estima que no es necesario el uso de mascarillas y de medidas de protección, esto no va a parar”.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, dijo en esa misma cita que las decisiones deben tomarse lo más rápido posible pues ya están al borde de ingresar a la fase 4. “Es decir, escoger, entre los pacientes que intentan entrar a una unidad de cuidados intensivos, quien vive y quien no”.