La falta de lluvias no debería ser sinónimo de emergencia y, sin embargo, son muy pocos los países que apuestan por la planificación para adelantarse a la sequía y evitar sus peores efectos en lugar de poner parches.

Solo 17 países tienen planes nacionales para enfrentar ese fenómeno basándose en la reducción del riesgo de sequía, explica Daniel Tsegai, experto de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. “Hay otros que alegan que tienen esos planes, pero intentan solamente responder a las emergencias o coordinarse en la recuperación, sin una planificación previa”, apunta.

Para Tsegai, no es suficiente con disponer de buenas estaciones meteorológicas, puesto que hay que analizar también el riesgo y determinar quiénes son vulnerables a la escasez prolongada de agua y por qué lo son en función de grupos de población u origen geográfico.

Expertos de todo el mundo se han dado cita esta semana en Roma para abordar ese problema y evitar que se convierta en fuente de hambrunas, pobreza y tensiones sociales.

Por su culpa cada año se pierden 12 millones de hectáreas, un área donde se podrían cultivar 20 millones de toneladas de granos, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

Aunque su impacto lo sufren más unos países que otros -entre ellos Ecuador- tampoco los más desarrollados se salvan. En 2014 una sequía en California (Estados Unidos) afectó a unos 400.000 trabajadores del campo y dejó pérdidas por unos 2.200 millones de dólares.

Y eso que EE. UU. y Australia fueron los primeros, según Tsegai, en cambiar de actitud y volverse “proactivos” por medio de sus planes nacionales. “No se trata de una crisis, sino de un riesgo, y si piensas así, haces política y la sequía no te toma por sorpresa”, remarca.

Uno de los que se han sumado a esa tendencia es México, que desde 2013 cuenta con un programa de prevención y mitigación a partir del monitoreo de las condiciones climáticas, lo que les permite predecir las lluvias o su ausencia. También evalúan los riesgos analizando 24 factores socioeconómicos y ambientales con los que determinar el grado de vulnerabilidad de las comunidades. Las tecnologías existen: sensores remotos, variedades de cultivos más resistentes o seguros agrícolas, son algunas de ellas, aunque falta conectarlas con los productores locales.