El aseguramiento de los bienes de la Fiscalía General del Estado, por un monto de $ 192.353,83, es el último de los contratos públicos que le fue adjudicado a Seguros Sucre antes del decreto ejecutivo del pasado 15 de junio, que dispuso el inicio de la liquidación voluntaria de la aseguradora estatal.

La empresa pública, que según palabras del presidente Guillermo Lasso “ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, de los últimos dos gobiernos”, acumula 2.278 contrataciones adjudicadas por entidades del Estado, desde el año 2009, según los registros del portal de Compras Públicas.

Los contratos de Sucre crecieron de forma desmedida justamente a partir de ese año, cuando por disposición del entonces presidente Rafael Correa se obligó a las entidades del sector público a contratar a la aseguradora de manera directa. Antes de apoderarse de lo que en la práctica sería un monopolio, la empresa apenas participaba del 1,82 % del mercado nacional asegurador.

Fue así como se adjudicaron contratos mediante régimen especial, con Seguros Sucre como invitado exclusivo. El mecanismo más recurrente fue el de la contratación interadministrativa, es decir un acuerdo entre dos entidades públicas.

La plataforma Datos Abiertos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) reporta que a través del régimen especial, la aseguradora logró $ 785’828.975 en contratos, desde el 2013 hasta la fecha.

En una revisión que EXPRESO realizó al total de contrataciones que las entidades del Estado le adjudicaron, se observa que entre 2009 y 2017, durante el gobierno de Correa, fueron 731 contratos, mientras que en los cuatro años de la administración de Lenín Moreno llegaron a 1.523.

Entre mayo y lo que va de junio del presente año, ya en un nuevo gobierno, Seguros Sucre tenía 24 contrataciones adjudicadas. ¿Qué pasará con esos compromisos cuando de por medio hay una disposición presidencial para su liquidación voluntaria?

Cuando este Diario consultó a la aseguradora, sus voceros dijeron que la Corporación Financiera Nacional (CFN) -entidad pública que controla el 99,95 % del capital pagado de la compañía estatal- era la que debía pronunciarse.

La CFN señaló, al día siguiente de la emisión del decreto presidencial, que, a través de su directorio, acatarán de inmediato con la liquidación de Seguros Sucre.

Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), afirma que Sucre aún no está liquidada y por tanto debe cumplir con todas las obligaciones estipulados en los contratos suscritos.

“Conozco que hay comunicaciones que la empresa ha enviado a sus clientes y brokers de seguros, en el sentido de que ya no va a suscribir nuevas pólizas. Pero también ha ratificado que todos los contratos actuales suscritos se mantienen con plena vigencia, y que asumen toda la responsabilidad de poder cumplirlos con las obligaciones que deriven de ellos”, señala.

Explica Salas que el liquidador que se asigne a la aseguradora pública tendrá el rol de un gerente general y se hará cargo del cumplimiento de obligaciones como el pago de siniestros, si se diera el caso. Aclara, no obstante, que el inicio de un proceso de liquidación puede tomar, incluso, varios meses.

“La empresa tiene un directorio que debe resolver sobre la liquidación voluntaria, y luego de ello cumplir varios requisitos, como presentar informes financieros actualizados y reportes del caso. Esto se presenta a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y después de que ese organismo analice y tenga información a satisfacción, va a resolver el pedido”, precisa el dirigente.

“Para el cierre de Seguros Sucre se necesita hacer una autopsia”, dice de su parte el exlegislador Galo Lara, quien durante su gestión en la Asamblea denunció irregularidades en el negocio de los reaseguros en la compañía aseguradora.

Lara ha recomendado realizar una auditoría forense internacional para establecer las cuentas por pagar y por cobrar de Seguros Sucre. Este trabajo, según él, permitirá seguir la ruta de los pagos de los reaseguros e identificar a los que actuaron como comisionistas.

Según el exasambleísta, los corredores de reaseguros deben entregar los ‘slip’ por cada cuenta asegurada (boletines donde se anotan datos descriptivos de un riesgo y en el que cada asegurador o reasegurador registra la parte de riesgo que acepta). “Allí sabremos cuánto costó el pago de primas de Seguros Sucre por cada cuenta, y se podrá evidenciar el sobreprecio”, manifiesta.

Agrega que una vez obtenida esa información, “la Fiscalía debe solicitar la colaboración de la justicia de Estados Unidos, Francia y Panamá para, en conjunto, proceder a recuperar el dinero robado”.

EL DETALLE

Documento. El decreto del presidente Lasso dispuso que los entidades adscritas al Gobierno central se abstengan de contratar con Seguros Sucre.

EN CONTEXTO

Vida Jurídica

Seguros Sucre fue constituida en 1944 y el plazo de su existencia jurídica concluye el 26 de octubre de 2043, según los registros de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La empresa aseguradora reporta un capital pagado de $ 29’801.102 y un patrimonio de $ 79’574.294,11.

Contratos

En el período 2013-2021, la compañía se ubicó como el líder de los proveedores que obtuvieron mayores montos en contrataciones mediante régimen especial (contratos directos). Por monto adjudicado ($ 785,8 millones) superó a las empresas chinas CAMC, Harbin Electric y CWE.

Pérdidas

A mayo de 2021, la aseguradora acumulaba pérdidas por $ 15’836.633,96, según los registros de las Superintendencia de Compañías. Su participación en el mercado ha ido decreciendo. En 2019, que fue su mejor año, llegó a tener el 18 %. La empresa reporta $ 47’948.230,74 en siniestros pagados.