El negocio ya no es tan redondo. La contratación de seguros para las entidades públicas aún tiene varias observaciones y críticas pero, al menos desde el año pasado, se lograron corregir algunos errores y reducir egresos. El ahorro sucedió, entre otros motivos, por evitar que una sola empresa concentre las pólizas de las instituciones del Estado.

En 2019, según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se utilizaron 169,9 millones de dólares para asegurar bienes del Ejecutivo, Asamblea Nacional, consejos, ministerios, agencias, empresas públicas, órganos de control, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Seguros Sucre, que está conformada por capital público, se llevó 86,5 millones de dólares de ese total. 

Aunque alta, la cifra representa una caída drástica de la participación de Sucre. En 2018, por ejemplo, tuvo contratos por 101,2 millones de dólares. En 2014, como caso estrella, una sola empresa se adjudicó contratos por 152,2 millones de dólares. 

Por normas establecidas por el expresidente Rafael Correa y su equipo cercano, Sucre tiene preferencia para contratar con el Estado. Incluso hay menos trámites de compra si se opta por esa empresa.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, explicó que a partir del año pasado se redujo esa participación porque se incentivó el concurso de otras empresas privadas. El resultado fue un ahorro sin precedentes. Los 169 millones de dólares de 2019, por ejemplo, no se adjudicaron solo de manera directa a Sucre. Pasaron por licitación y concursos con otros oferentes.

Eso significó una contracción del gasto -comparado con lo presupuestado inicialmente- de 18,44 millones de dólares. El monto de ahorro más elevado de la década. 

En 2015, con Correa en la Presidencia y con mecanismos de contratación directa, el ahorro para el Ecuador por seguros fue de solo 2,72 millones de dólares. 

Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, explicó que la licitación de seguros permite obtener beneficios para todos. Gana el país porque se usan menos recursos, gana la empresa pública porque obtiene mejores servicios por menos precio y ganan las aseguradoras porque hay más oportunidades de trabajo. 

Incluso gana Sucre, señalan los consultados, porque se convierte en una empresa más competitiva en el mercado. 

Petroecuador es el tercer contratista de seguros más importante del sector público. Entre 2013 y 2019, muestran datos obtenidos por EXPRESO, adjudicó contratos por 70,1 millones de dólares. 

Esas operaciones, tal como registró este Diario a finales de 2019, tuvieron observaciones de la Contraloría General del Estado y fueron corregidas, en parte, por la actual administración.

Por encima de la petrolera estatal está otra empresa pública y un ministerio. El segundo lugar es de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), que mantiene su relación con Sucre y que en el periodo analizado ha repartido contratos por 124,4 millones de dólares.

Dichos contratos son cuestionados porque la empresa está intervenida por anomalías en su administración.

El primer lugar es para el Ministerio de Defensa Nacional. Para esa cartera de Estado, que incluye a las Fuerzas Armadas, se destinaron 185,1 millones de dólares entre 2013 y el año pasado.

En ese periodo, el Estado contrató 1.221.1 millones de dólares para seguros. De ese monto, 775,6 millones fueron para Sucre. 

LA CONTRATACIÓN POR SECTORES

Es ley. Todas las entidades que conforman el Estado deben contar con varios seguros para poder funcionar. Deben contar con pólizas para riesgos múltiples e incluso para los bienes muebles como aviones, helicópteros y vehículos.

El incumplimiento de esa disposición provoca una sanción de la Contraloría General del Estado y el inicio de acciones legales contra los representantes de las instituciones.  

Por montos, los mayores contratistas están dentro de la Función Ejecutiva. La Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, secretarías, servicios, agencias y empresas públicas concentran la mayor cantidad de contratos. De los 1.221,1 millones de dólares adjudicados en 2019, 860 millones fueron firmados por esas entidades. 

De lejos le siguen los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 113,7 millones de dólares se asignaron a ese rubro. Sus empresas públicas gastaron más de 40 millones.