Pasarelas, puentes y andamios rodean el complejo matriz de la Contraloría, en el centro de Quito. En diciembre se inició la reconstrucción de los dos edificios incendiados en las violentas protestas de octubre de 2019.

El costo de la reparación es de $ 19,3 millones, de los cuales 12,5 millones provienen de las pólizas que pagó Seguros La Unión, en noviembre tras un litigio. La cobertura “todo riesgo de incendio, todo riesgo eléctrico y de vehículo” era únicamente para uno de los dos edificios vandalizados.

El edificio antiguo, construido en 1961, era el único que estaba asegurado. Así confirmó a este Diario Valentina Zárate, subcontralora encargada, antes de presentar su renuncia.

Reconstruir este edificio cuesta $ 8 millones. Según Zárate, los $ 4,5 millones que quedan de las pólizas se usarán para comprar el mobiliario y los vehículos que fueron incinerados. Además, hay una parte del edificio (bloque C) que se dañó por completo y debe ser derrocada en este año.

En cambio, el segundo edificio, un bloque de seis pisos nuevo, no estaba asegurado. La justificación de la funcionaria es que cuando sucedió el ataque aún no se había firmado el acta de entrega recepción del bien. Su construcción, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, comenzó en 2013 y para cuando fue vandalizado se realizaban acabados. “No era nuestro bien”, dijo Zárate.

La falta de una póliza hizo que el Estado corra con el costo de la reparación. Volverlo a habilitar cuesta $ 11,3 millones. A este valor se deben sumar los $ 19,8 millones que la Contraloría canceló días antes de las protestas de octubre al Cuerpo de Ingenieros.

Hoy, una lona negra cubre la estructura de hormigón armado. Abajo, casi desapercibidos, los obreros trabajan en el reforzamiento de las columnas, recubren las vigas con planchas de policarbonato, retiran paneles de aluminio, nivelan los pisos, colocan láminas de cristal, quitan el hollín de las ventanas que resistieron el ataque y pican las paredes para sacar todo el cableado eléctrico y tuberías que se derritieron o explotaron a causa del fuego.

José Ramos, jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ingenieros, asegura que la falta de un seguro para el edificio nuevo no era responsabilidad de la empresa militar. “Cuando se hizo el contrato no se contempló asegurar la estructura, por decisión de la contratante. Ellos pusieron los pliegos y los requerimientos”, dice el oficial.

En los pasillos, techos y gradas se observa todavía el desprendimiento de la pintura ennegrecida. El Informe del Cuerpo de Bomberos N.° 2019-DP-006, de noviembre de 2019, asegura que la temperatura dentro de los predios alcanzó los 380 grados. A esos niveles, agrega el texto, “el hormigón pierde sus características propias de resistencia”.

La semana pasada, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea denunció que en el incendio se perdieron expedientes que no estaban digitalizados. Los documentos se referían a 15 años de glosas, cuyas multas por $ 844 millones fueron desvanecidas.

Ese archivo reposaba en el edificio nuevo. Mientras que, en el antiguo se destruyó por completo el despacho del contralor general.

Según Zárate, la demora para comenzar la reconstrucción se debió a que el pago del seguro tardó un año. Dice que el cheque girado por Seguros La Unión tuvo que ingresar a la cuenta del Tesoro Nacional. “No podíamos sacar el dinero así como así. Tuvimos que hacer un proyecto y buscar el resto del financiamiento”.

EL DETALLE

Situación. Los funcionarios de la Contraloría están actualmente repartidos en tres edificios. Uno de estos es arrendado y al mes cuesta $ 65.300.

BIENES

Matriz es para 1.400 servidores

En Quito hay al menos 10 edificios del Estado que se encuentran desocupados o subutilizados. Entre estos destaca la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Según el proyecto denominado Rehabilitación Integral del Edificio Matriz de la Contraloría, estos espacios no son lo suficientemente grandes para alojar a los 1.400 funcionarios.

La Contraloría indica que en el país hay 52 unidades administrativas, 32 estaban ubicadas en las oficinas de la matriz en la ciudad de Quito, lo que representa el 57 %.

En la matriz funcionaba el despacho del contralor general, la coordinación nacional administrativa, la coordinación financiera, las direcciones nacionales de Patrocinio, Responsabilidad, Recaudación y Coactivas, Planificación Estratégica, Predeterminación de Responsabilidades y más.