Es la principal preocupación de los quiteños y, sin embargo, no motiva lo suficiente como para que todos los concejales asistan a una reunión virtual o para que se articulen acciones globales. La inseguridad en la capital alcanza niveles preocupantes y su tratamiento quedó a medias la semana pasada por falta de quorum en el Concejo Metropolitano. Se espera que esta semana, a puertas de las fiestas de diciembre y con un número creciente de robos, se pueda discutir las iniciativas planteadas desde la Alcaldía.

Lo peor de todo, según los críticos de la gestión del gobierno nacional y del alcalde Jorge Yunda, es que las alternativas que podrían discutirse están alejadas de la realidad porque la situación es crítica y no se la trata como tal.

Una muestra de esas afirmaciones se evidencia en los barrios con mayores índices de robos de la capital. Ahí, en teoría, se crearon comités barriales y chats de vecinos para que se alerte de cualquier novedad para la intervención de las autoridades y de la Policía Nacional. Sin embargo, los moradores de sectores como Quitumbe y la Quito Sur denuncian que esas herramientas no dan resultado porque no hay un trabajo conjunto y coordinado entre los dirigentes barriales -representantes en el sitio de los vecinos- y los integrantes del Municipio capitalino.

Esa desarticulación, desmentida por la administración de Yunda que resalta el trabajo en los barrios, provoca que los actos delincuenciales proliferen y estén lejos de disminuir.

Otra muestra de desconexión con las necesidades reales de seguridad se evidencia, según el concejal Fernando Morales, en la adquisición de equipos tecnológicos que no terminan de ser útiles para el control de las calles. Jorge Yunda explicó la semana pasada, en entrevista televisiva, que Quito cuenta con 200 cámaras de vigilancia con identificación facial. Esas cámaras, dice Morales, no tienen el sistema adecuado ni la interconectividad pertinente para que sean de provecho en la reducción de robos y asaltos.

“Falta la data y todo se convierte en un gran gasto con poco resultado concreto”, dijo el funcionario que señala otras falencias de la administración actual.

Aunque la seguridad es competencia del gobierno de Lenín Moreno, Morales destaca que no hay una coordinación permanente entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Municipio de Quito. Ese paso es fundamental para frenar la inseguridad.

En parte, según el funcionario, la falta de comunicación entre las entidades estatales responde a la falta de información y documentación que debe proporcionar el Municipio. Hay una “irresponsabilidad” que evita la toma de decisiones y medidas urgentes.

También hay planes que se quedan en el papel. La semana pasada, el Concejo Metropolitano iba a discutir como mejorar, potenciar y actualizar el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2023, que impulsó el alcalde Yunda. Esa fue la sesión que no se pudo concretar por falta de asistentes en el tratamiento del documento.

El plan consta de cinco objetivos específicos que se detallan en 97 páginas que hablan de articulación con otras autoridades y definición de responsabilidades de todos los actores. Pese a que está en vigencia desde el año pasado, el texto no termina de ejecutarse totalmente en la urbe.

Los cuestionamientos surgen, además, en otros espacios. La iniciativa ciudadana ‘Quito cómo vamos’ también tiene reparos al manejo de la seguridad ciudadana en la capital. En su informe general destaca cinco retos que existen para poder enfrentar los indicadores actuales.

Según el documento escrito por exautoridades, expertos y miembros de la sociedad civil es “preciso que la ciudad cuente con datos sobre la situación integral de la seguridad y se coordine la información con las instituciones del Gobierno Nacional y la Función Judicial”. Eso, dicen, no existe.

Tampoco se conoce, por ejemplo, el impacto del crimen organizado en Quito ni su incidencia en la inseguridad en barrios como La Mariscal. Para esto, como tercer punto, se debe establecer “lineamientos para desarrollar acciones y ejecución presupuestal que apunten a la construcción de un modelo de seguridad ciudadana enfocado a la prevención del delito”.

Uno de los retos más graves es que existe un subregistro sobre delitos contra la integridad personal de las mujeres y, como quinto eje, se requiere potenciar el conocimiento de los ciudadanos.

El Municipio, de su parte, afirma que está trabajando de lleno para solucionar la percepción de inseguridad que vive la ciudadanía. La semana pasada, Jorge Yunda reconoció que hay un problema pero también recordó que la seguridad no es competencia del Municipio. Por eso, señaló, se trabaja con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para cumplir operativos de control de armas.

El Ejército, como muestra de esta operación conjunta, desarrolla un control de armas, municiones y explosivos (camex) en distintos puntos de la ciudad. El último se realizó la semana pasada en el sector de El Panecillo.

Los controles se extendieron el fin de semana. El sábado se hicieron recorridos y decomisos en varios puntos del Centro Histórico.