Para sobrevivir dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, hay que pagar. De lo contrario, los internos son sometidos a una serie de abusos que incluso pueden llegar a costarles la vida.

Rosa ha vivido de cerca lo que es la extorsión. Su hijo fue detenido el sábado, horas después de la masacre que dejó 62 reos asesinados. En menos de cuatro días ha tenido que cancelar más de 100 dólares para salvar la vida de su vástago.

“Mi hijo me llamó el domingo y me dijo: ‘mamá, me van a matar, debes depositar 50 dólares a un número de cuenta que te voy a pasar’. No pasaron ni 24 horas y me hizo otra llamada, me pedía otro depósito. Sobrevivir en la cárcel tiene precio. Han amenazado con torturarlo si no pagamos”, relató.

Rosa no es la única pariente de un privado de libertad que padece la doble agonía de tener a su familiar preso y de buscar la manera de conseguir dinero para que no le hagan daño.

Margarita Herrera, ayer le puso fin a su pesadilla. Tras 11 meses de arresto, Javier, el segundo de sus hijos, recuperó la libertad. “Han sido 11 meses de tortura. Mi hijo sufría adentro. Yo vivía un martirio afuera por conseguir dinero. Le depositaba 26 dólares semanales para que no lo lastimen. ¿Quién controla esto?”, cuestionó.

Experiencias iguales viven cientos de familiares de privados de libertad. Un ejemplo palpable fue lo ocurrido con Mauricio Gavidia Orozco, Juan Carlos Ramírez Aroca y José Luis Romo Rosales.

Los tres reclusos que se salvaron de morir en la segunda de las masacres dentro de la Penitenciaría, pero fueron secuestrados por otros reos.

A sus familiares les exigieron dinero a cambio de protección. Por información policial este Diario conoció que por darles ‘seguridad’ les pedían 5.000, 10.000 y hasta 50.000 dólares. “A ellos no los salvaron de morir porque quisieron. A ellos los escogieren porque sabían quiénes eran y por qué estaban detenidos. El objetivo era sacarles dinero y extorsionar a la familia. Lamentablemente esto es normal en las cárceles del país”, reveló un jefe policial a EXPRESO.

El oficial contó que los presos estudian a sus víctimas y conocen muy bien quiénes son las personas que están en cada celda y hasta cuánto pueden pedir por sus vidas.

“Sabían bien quién es Gavidia Orozco. Él fue detenido hace ocho meses con droga. Romo, por el caso de Seguros Sucre, y Ramírez por un caso de Aduanas. Es decir, conocían muy bien a estas personas y que sus familiares podían responder económicamente”, agregó el investigador.

El oficial de la Policía contó que los tres internos fueron sacados del área transitoria por los mismos internos que provocaron la masacre y lo hicieron por un callejón de la cárcel.

“Los presos que provocaron la matanza son los del pabellón 7. Pero a los secuestrados los tenían en el pabellón 6. La Policía conoció que estaban vivos porque al día siguiente de la masacre se comunicaron con sus familiares. Además, en el conteo de víctimas de esta área faltaban tres reclusos y eran justamente ellos”, relató.

La liberación de los internos se ejecutó la noche del lunes 15 de noviembre, cuando el Ejércitó entró a las instalaciones. Ellos fueron trasladados a otro centro de privación.

Los detalles del ataque

• Sin sentencia

La mayoría de internos asesinados pertenecía al pabellón 2, del área transitoria, donde estaban reclusos en espera de sentencia o por delitos menores o corrupción. Esta zona se considera una de las menos violentas. Por eso también se encontraba Helen Maldonado, una mujer trans.

• Las Acciones

Según el gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía mantienen el control al interno de la Penitenciaría en donde existen armas, granadas y todo más armas encaletadas. Ayer, las autoridades levantaron escombros como paredes y techos destrozados y lo sacaron en volquetes.