La oposición suma un nuevo campo de enfrentamiento con el gobierno del presidente Lenín Moreno. El Decreto Ejecutivo 1158, que libera la importación de derivados de crudo para que el sector privado los comercialice, es criticado por sectores políticos y sociales que ya anuncian acciones legales y manifestaciones en las calles.

El movimiento indígena hizo la primera advertencia. En redes sociales, el dirigente Leonidas Iza recordó que en octubre de 2019, por la eliminación del subsidio a los combustibles, hubo manifestaciones violentas que dejaron afectaciones económicas, heridos y hasta fallecidos. “El Decreto 1158 tiene la intención de liberar los costos en la cadena de producción, eso es el primer paso para liberar el precio final. No permitiremos al Gobierno que siga metiendo sus manos al bolsillo de los ecuatorianos. La crisis que la paguen los ricos”, amenazó.

El asambleísta, y exministro del correísmo, José Serrano, coincidió con el dirigente indígena y dijo que el caso debe ser analizado por la Asamblea Nacional. Incluso llamó al ministro de Energía, René Ortíz, para que de explicaciones.

El dirigente de los jubilados del Seguro Social, Henry Llanes, fue otra voz en contra de la decisión gubernamental que se aplicaría en 60 días. Mediante un comunicado pidió que se frene la intención y que se inicie un juicio político en contra del ministro Ortíz.

“El decreto 1158 es una bomba de tiempo”, advirtió el dirigente social.

Sectores afines al correísmo también amenazaron con nuevas protestas aunque añadieron hechos que no concordaron con lo dispuesto por el gobierno. Según cuentas de Twitter afines al exmandatario y sentenciado por corrupción, Rafael Correa, se elevaría el precio del gas de uso doméstico. El gobierno negó esa posibilidad.