Empresarios y dirigentes consultados ayer por este Diario dijeron acoger el llamado del presidente Guillermo Lasso para que el sector privado del país se sume al programa gubernamental de vacunación a través de la compra y donación de los fármacos.

“Donen vacunas. Ustedes lo pueden hacer. También tienen la obligación moral con el pueblo ecuatoriano. De esta tenemos que salir todos juntos”, les pidió Lasso durante la presentación del Plan Nacional de Vacunación, el lunes en Quito.

El mandatario se comprometió a implementar mecanismos que permitan al sector privado la compra de vacunas, que deberán donarlas al Ministerio de Salud. Aludía a que, por ahora, las farmacéuticas internacionales que producen los biológicos solo negocian directamente con los Estados.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, afirmó que todo el sector empresarial del país, a través de sus diversos gremios, responderá “positivamente” a esa petición.

Incluso, señaló que deseaban apoyar “en todo lo que sea posible”, citó que el sector tiene “una importante cadena de logística” que puede ser aprovechada en el proceso de vacunación; centros de atención médica propios; y que, durante la pandemia “hemos constituido fideicomisos para recibir donaciones y canalizar ayuda”.

En redes sociales, el pedido de Lasso suscitó rechazo de quienes piensan que el sector privado ya hace su aporte a través de los impuestos que paga. O que el régimen debía darles algún incentivo por colaborar.

Pablo Zambrano no lo cree así. “No queremos pedir nada a cambio al Gobierno. La idea es colaborar desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa; de compromiso con el país; y, obviamente, de reactivación económica”, dijo.

La empresaria y exdirigente gremial, Caterina Costa, también considera que el sector está dispuesto a apoyar. Y coincide en que esa colaboración debe ser voluntaria: “La salud está por encima de todo”, acotó.

En la misma línea, el extitular de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, justificó el pedido de Lasso recordando que los recursos con que cuenta el Gobierno son escasos. Y cree que si el sector privado puede aportar ayudando a vacunar a sus trabajadores y a los familiares de estos, “tiene la obligación de hacerlo”.

A su criterio, el problema está en encontrar el mecanismo, el cual debe ser “totalmente transparente”. Y también que el Gobierno pueda efectivamente hallar las vacunas disponibles, para que pueda hacer uso de las eventuales dosis adquiridas o de los fondos donados por el sector privado.