Problemas médicos y falta de acceso a tratamientos de salud mental fueron los argumentos que sustentaban los tres pedidos de habeas corpus a favor de Junior Roldán Paredes, alias Jr., segundo al mando de la organización delictiva Los Choneros.

De estas demandas constitucionales, una de ellas iba a ser tratada en la unidad judicial Albán Borja. La diligencia estaba programada para las 8:45 y  fue diferida porque la defensa de Jr.    notificó; que su cliente desistió de forma voluntaria al pedido  con número de oficio 09U01-2022-00500, presentada ante el juez de garantías penitenciarias, Oswaldo Dávila.

Sin embargo, hubo otro recurso del mismo tipo, con número de oficio 09U01-2022-00513, que fue tratado desde las 15:00 y hasta la cierre de esta nota no se resolvió.

Frente a esta situación, el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) hizo un llamado a los administradores de justicia “a considerar el buen uso de las garantías jurisdiccionales reguladas y sustanciar los procesos con lealtad procesal”.

En su comunicado recordó que fueron tres demandas presentadas y que cada una había sido interpuesta por terceras personas. Acto que calificó como “un abuso de los principios básicos del Derecho”.

Sin embargo, a criterio del experto penalista Joan Paúl Egred la medida presentada por Jr. es de carácter correctivo, que, como su propio nombre lo indica “busca corregir la manera en la cual un PPL es tratado al interior de la cárcel.

Diario EXPRESO señaló a inicios de marzo que uno de los principales pedidos de los privados de libertad para concretar el acuerdo de paz entre las bandas que residen al interior de las prisiones, era que se garantice la atención en salud mental a los reos, especialmente en las prisiones que han presentado masacres. Y a su vez, la Comisión de Pacificación ha detallado en su informe las carencias en las atenciones de salud a toda la población penitenciaria en el país.

El abogado penalista Edison Rodríguez lamenta que las carencias registradas en el sistema de rehabilitación sean una puerta para que desde ahí se origine “un abuso” del recurso por parte de quienes quieran acceder a este recurso legal.

“Como ya le dieron a un señor, pues yo también estoy enfermo y también tienen que darme a mí, porque entonces dónde queda el principio de igualdad, dónde queda, por qué a él sí y a mí no”.

Egred enfatiza que la medida solicitada por Jr. no “puede ni debe dejar sin efecto una sentencia en firme”. Roldán actualmente cumple dos condenas de 22 años por el delito de asesinato.

No obstante, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, adelantó sus cuestionamientos sobre el tema, luego de conocer el diferimiento de una de las audiencias.

“El exceso de pedidos de habeas corpus para dejar en libertad a responsables de muertes en calles y centros penitenciarios nos pone en desventaja frente al crimen organizado. Es más complejo obtener indultos a los de menos peligrosidad, que liberar a los cabecillas”.

• Amenaza

Unidad judicial paralizada

En los parqueos de la Unidad Judicial Albán Borja se advirtió de una alerta de bomba a las 10:45 de ayer, lugar donde se iba a registrar la audiencia de habeas corpus a favor de  Jr. 

En el lugar, se encontró 6 tacos de pentolita en dos cajas de cartón a 11 metros de distancia en el estacionamiento por la puerta 6 del centro comercial que están al ingreso a la Unidad Judicial.

Según datos técnicos, la onda expansiva de los explosivos encontrados podía desplazarse alrededor de 100 metros. “Eran alrededor de seis tacos de 450 gramos. Estos artefactos estaban convertidos en cargas explosivas, mediante un sistema de ignición. Desconozco el porqué no se activaron”, expresó    el sargento Frank Jaramillo, del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía. La inspección terminó cerca del mediodía y durante ese tiempo, las personas entre usuarios, personal administrativo, jueces y más fueron evacuados hasta garantizar la seguridad.