Hace veintidós años, cuando marchaban en la Plaza Grande con pancartas y megáfonos exigiendo la derogación del artículo 516, que sancionaba las relaciones homosexuales con hasta ocho años de prisión, eran una cincuentena las activistas que conformaban la asociación Coccinelle. Hoy solo sobreviven diez.

Entre ellas está Nebraska Montenegro, presidenta de la agrupación. “No es normal que la mayoría de nosotras ya no esté. Eso es resultado de la violencia, de la falta de trabajo y acceso a la salud. Logramos la despenalización, y en estos veinte años no se ha hecho nada más a favor de las mujeres trans”, reflexiona.

Lo explica en la Sala Nueva Coccinelle, espacio permanente que abrió sus puertas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y que resalta, a través de fotografías, carteles y videos, lo poco que queda del archivo de esos años, de su gesta activista y de la violencia de la que ella y otros cientos de mujeres trans fueron víctimas.

El espacio, comenta Gledys Macías, mediador comunitario del CAC, es uno que tenía cerca de un año articulándose.

“A raíz de un proyecto de archivos de la diversidad que trabajamos con las chicas en 2019, se articuló la posibilidad de que tuvieran un espacio en el centro, al ser un colectivo histórico pero también uno que se enfrentaba a una situación de vulnerabilidad”, explicó.

La sala tiene dos funciones. La primera es servir como oficina de las activistas y punto de encuentro para talleres, charlas y actividades. La segunda es exhibir las fotografías de su archivo de lo que fue la lucha por la despenalización, la búsqueda de la unión de hecho durante el último gobierno y las primeras marchas del orgullo en el país.

Adicionalmente, la sala también cuenta con un pequeño archivo de recortes de prensa donde se documentaban las acciones de la comunidad.

“Esta es una pequeña parte de todo el trabajo que hicieron, porque mucho se ha perdido. Videos, fotografías y periódicos que se dañaron o se enmohecieron. Nos parece vital que no solo ellas tengan este espacio, sino que se rescate la memoria de lo que se hizo en esos años para las nuevas generaciones”, dijo Macías.

Para Gonzalo Abarca, activista GLBTI y aliado durante muchos años de esta y otras asociaciones, la sala y el archivo son un logro para la memoria histórica del país, que normalmente ha dejado de lado a las minorías.

“Es necesario que nuestra historia sea visible, y que se recuerde. Ahora veo que hay más interés de los jóvenes en rescatar ese pasado”, subrayó.

Pero no todo queda en el recuerdo. En mayo del año pasado, las activistas de la Nueva Coccinelle demandaron al Estado por graves violaciones a los derechos humanos.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) apoyó la demanda que se entregó en la Fiscalía General del Estado, indicando que hasta el proceso de despenalización, las mujeres trans sufrieron de violaciones y atentados por parte del Estado y de la Policía nacional.

El proceso, no obstante, se ha estancado, principalmente a raíz de la pandemia.

Para Montenegro, la demanda debe tener mayor celeridad, pues considera que la situación precaria en la que viven las mujeres trans que se aproximan a la tercera edad es un resultado directo de las vejaciones a las que las expuso el Estado, y a la falta de leyes que las protejan. “Queremos que el proceso avance, y que la Asamblea entrante abogue por nosotros, por nuestro acceso a una vida digna y al empleo”, señaló.

Una tumultuosa lucha por conseguir derechos

Según un informe de Sexual Rights Iniciative publicado el año pasado, el país no cuenta ni con un 4% de inclusión laboral de las personas trans. “No existen normativas o políticas públicas como los cupos laborales o la acción afirmativa. Cuando hay un acceso, las personas trans se enfrentan a un hostigamiento y a agresiones”, señala el documento.

Este señala que, pese a que el Estado ha reconocido el género en la cédula de identidad y el acceso a la educación, no existen espacios de acogida para adolescentes expulsados de sus hogares por manifestar una orientación diversa ni una masificación de programas de escolarización tardía, por lo que un gran porcentaje de personas trans no ha terminado la escuela o el colegio. “Pese a que hay acceso a la educación, la ley no cuenta con apoyo para llegar a la comunidad, lo que limita aún más las oportunidades laborales a futuro”.