La ministra de Gobierno María Paula Romo presentará una queja en contra del juez Ricardo Ramos quien, horas después del asesinato del ciudadano israelí Sheinman Tomer, habría negado un acto urgente solicitado por la Fiscalía para recibir el testimonio anticipado del sobreviviente Sheinman Oren.

En una entrevista con el canal Teleamazonas la ministra destacó que el testimonio sería importante para establecer la trama corrupción en la venta de insumos, medicamentos o bolsas de cadáveres con sobreprecio registrada durante la pandemia de coronavirus. Romo insistió en que la conversación mantenida por el expresidente Abdalá Bucaram con Tomer, asesinado el domingo, debe ser parte de las investigaciones. También debe aclararse el deceso del ciudadano israelí. 

La ministra dijo que debería haber la colaboración de las diferentes instancias en las investigaciones. Por eso cuestionó la respuesta del juez Ramos al pedido de la Fiscalía señalando que "no ve la urgencia" de recibir el testimonio anticipado del sobreviviente. 

"Eso es grave", señaló la ministra y más cuando los jueces les quitan las medidas sustitutivas a los sospechosos, no ponen zona de circulación del grillete, impiden tener boletas de captura para los investigados, va a ser muy difícil que las investigaciones progresen. El vocal Fausto Murillo señaló que ya con la queja el Consejo de la Judicatura ya puede actuar desde el ámbito disciplinario.

No es la primera vez que el juez Ramos niega un pedido de acto urgente a la Fiscalía. Ya lo hizo en junio cuando a través de una solicitud similar la Fiscalía buscaba avanzar en las investigaciones por los actos de corrupción registrados en la adquisición de insumos en los hospitales. 

Ramos reaccionó con una comunicación en la que indicó al director provincial del Consejo que la fiscal Diana Salazar, en forma intimidatoria le dijo “que si acaso los jueces estamos recibiendo órdenes de gente superior y que no estamos acoplados a los actos de persecución a los hechos de corrupción”. 

La fiscal habría tratado de explicar al juez la importancia del caso pero este le impidió hablar diciendo que no debía darle información extraordinaria para no contaminar su criterio.

En junio también la fiscal presentó una queja en contra de otro juez de Guayas. Fue en contra de Fernando Vergara, juez de la Unidad Judicial con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil que negó un pedido de la Fiscalía de Transparencia que en junio pretendía ejecutar un operativo. Se buscaba hacer 46 allanamientos y 32 detenciones dentro de una estructura organizacional dedicada a actos de corrupción en los hospitales públicos y del IESS. En su queja la fiscal explicó que el 18 de junio de 2020, dentro de una investigación previa, se remitió el acto urgente en el que se solicitaba autorización para allanar 23 inmuebles en Guayaquil y la detención de 32 ciudadanos. 

La negativa fue la respuesta del juez. Situación que, según reseñó la fiscal en su documento de queja, influyó en las acciones coordinadas y ocasionó que queden hechos investigados inconclusos por la fuga de personas que presuntamente serían parte importante de la organización, dijo la fiscal.

Del asesinato del israelí ocurrido el domingo no habrían quedado evidencias. Según reconoció en una entrevista radial el director del Sistema de Atención Integral (SNAI) Edmundo Moncayo en la última revuelta de presos ocurrida en la cárcel de Guayaquil que finalizó con el fallecimiento de 11 privados de la libertad habrían destruido las cámaras de video vigilancia.