Aunque en los últimos años la corrupción se ha hecho evidente con grandes casos como Odebrecht, Sobornos, la reconstrucción posterremoto o los relacionados a la emergencia sanitaria, la realidad va mucho más allá. Entre 2016 y 2020, la Fiscalía ha registrado 2.774 denuncias por delitos que atentan contra la administración pública como peculado, cohecho y tráfico de influencias, en todos los rincones del país.

De los tres tipos de delitos, el que más denuncias tiene, con 1.668 casos, es el de peculado, en el que se investiga a servidores públicos que en beneficio propio o de terceros, han presuntamente abusado o dispuesto de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, o que se han aprovechado económicamente, de estudios, resoluciones y más documentos, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su dependencia por el cargo que han ejercido.

El año en el que la Fiscalía recibió más denuncias por peculado fue el 2019, con 444, y la provincia que más investigaciones acumula en estos últimos cuatro años es Pichincha (394), seguida de Guayas (303), Tungurahua (96), Chimborazo (85) y Manabí (84).

Sin embargo todas, hasta Galápagos (16), cuenta con denuncias por este y otros delitos vinculados a la corrupción.

Para Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, Ecuador está pasando uno de sus peores momentos en términos de corrupción, y estas cifras son la muestra de que la práctica de acciones ilegales se ha normalizado en la sociedad, según ella, desde hace más de 10 años.

“Los resultados del Barómetro de las Américas nos señalan que en 2019 dos de cada tres personas declaran haber dado una coima o haber hecho alguna actividad relacionada para sacar adelante un trámite y que dos de cada tres personas identifican al sector público como corrupto. Eso es muy grave, no solo en términos de imagen, sino de percepciones democráticas porque significa que en el país la gente tiene una alta tolerancia a estas prácticas”, menciona.

Hidalgo cree que si el sector público es percibido como un centro de corrupción, van a seguir proliferando redes que se enquistan y que harán “muy difícil que la democracia progrese”, como ya está pasando en el caso de los hospitales.

German Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, también cree que este es un problema estructural en el país y que es alimentado por los actores políticos que llegan al poder incluso con promesas de acabar con los actos ilícitos.

“Es evidente que quienes han ejercido el poder político han permitido la corrupción tanto en el gobierno anterior como en el actual, porque el hecho de no investigar o de investigar inadecuadamente es una forma de permitirlo”, precisa.

En estos últimos 15 años, asegura, se ha podido detectar que hay redes de delincuencia organizada que han operado dentro de la estructura pública del Estado, pero que también están en el sector privado.

“Y como no ha habido normas ni leyes ni jueces ni fiscales ni un sistema educativo anticorrupción, ni mucho menos hay un sistema nacional anticorrupción, los delincuentes han aprovechado esto para el asalto y lo han hecho entrando ellos en la vida política del país. Esto ha provocado que la gente pierda la esperanza”, afirma Rodas.

Es por esto que ambos creen que estos comicios deben asumirse con mayor responsabilidad que nunca, pues puede ser la oportunidad para iniciar el verdadero cambio que el país necesita.

EN DETALLE.

Perfiles. Hidalgo y Rodas coinciden en que la ciudadanía debe fijarse mucho en las propuestas que los candidatos tienen sobre la lucha contra la corrupción. “Si no presentan un plan efectivo y claro no va a ser posible ni siquiera para ellos ejecutar adecuadamente su gestión porque se van a encontrar con las mafias”, dice Hidalgo.