Un deslizamiento de tierra y lodo en la vía a la Cruz, en el sector Pata Grande, del cantón Piñas, ocurrido el 16 de febrero tras cuatro horas de intensas lluvias, trajo desgracia a una familia de ese pequeño poblado orense. El alud cayó sobre una vivienda y dejó atrapadas a 6 personas, de las cuales una falleció y otras dos resultaron heridas.

Ese evento, al igual que el suscitado cuatro días antes en el caserío de La Armenia, en el cantón Chunchi (Chimborazo), donde un derrumbe de grandes magnitudes dejó heridos, viviendas afectadas, vías bloqueadas y daños materiales, forman el cuadro trágico de las afectaciones que en tres regiones del país ocasiona hasta ahora la época lluviosa.

Cuatro decesos, más de 600 viviendas afectadas y 135 hectáreas de superficie agrícola dañada se cuentan en un último balance oficial de la situación, monitoreada desde octubre de 2020.

Las provincias que enfrentan un mayor impacto a consecuencia de eventos propios de la estación invernal son Los Ríos, Manabí, Sucumbíos, Morona Santiago, Chimborazo y Guayas, según el reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre).

En el presente año, nueve gobiernos locales de seis provincias se han visto en la necesidad de declarar en emergencia sus jurisdicciones para atender de forma urgente las calamidades ocasionadas por la fuerza de la naturaleza.

El Sngre ha señalado que trabaja de manera coordinada con las instituciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, para garantizar así la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico.

Frente a los eventos registrados recientemente, Rommel Salazar, director general del Sngre, anunció públicamente el despliegue de “todo el contingente que sea necesario para proteger familias, medios de vida y patrimonio”.

El colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos, creado en 2018, promueve la creación de una Ley de Gestión de Riesgos que provea el marco normativo nacional vinculante para el sector público, privado y la ciudadanía.

Carolina Portaluppi, vocera de ese colectivo, señala a EXPRESO que para reducir los efectos y los impactos negativos de las estaciones invernales se requiere invertir en la prevención y en los preparativos de la población para la época de lluvias. “En este caso, el tema es la altísima vulnerabilidad de la población y de los asentamientos humanos”, remarca.

De acuerdo con la especialista, se requiere invertir en la prevención, en lo atinente, entre otros aspectos, a infraestructura verde, ordenamiento territorial, sistemas de monitoreo y alerta temprana, reorientación hacia prácticas agroecológicas y resilientes, diversificación de cultivos y transferencia del riesgo a terceros a través de seguros agrícolas.

“Las pérdidas asociadas con los desastres son absolutamente evitables”, resalta Portaluppi. “Si hacemos de la reducción del riesgo de desastres una prioridad nacional y una política de Estado, las pérdidas de vidas humanas y materiales pueden reducirse significativamente”, menciona. 

La ayuda oficial en 19 provincias

El Sngre reporta, desde octubre de 2020, la entrega de asistencia humanitaria en 19 provincias en cuyas jurisdicciones han ocurrido eventos adversos relacionados con las lluvias. Esa asistencia, a más de albergues, consiste en la entrega de kits complementarios de alimentos, agua, camas, colchones y cobijas, entre otros.