Se estima que su valor en Ecuador alcanzaría los 312 millones de dólares. En Estados Unidos, $ 3.640 millones. Y en Europa, $ 6.760 millones, según han revelado fuentes policiales. Se trata de un cargamento de 104 toneladas de droga que permanece almacenado, desde el año pasado, en bodegas de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Gobierno, ente a cargo del control de sustancias estupefacientes.

Su permanencia en estos depósitos ha obligado a incrementar la cantidad de agentes especiales para su custodia, porque se ha convertido en una mercadería altamente peligrosa, en la ciudad más violenta del país: Guayaquil.

El coronel Holguer Cortez, del Comando Zonal de la Policía, fue el primero en exponer esta situación, el 14 de febrero, tras el decomiso de 7 toneladas de alcaloide en un puerto de la urbe.

“Necesitamos, urgentemente, exhortar a la ex Seted (actual Coordinación Zonal 8) y a los funcionarios judiciales, que se realice la destrucción de las drogas. Necesitamos, por favor, que se solidaricen con la sociedad ecuatoriana y no tengamos este problema que nos está generando gran preocupación”, fue la súplica del oficial.

Sin embargo, el único horno autorizado para la quema de estas sustancias está en Quito, a más de 400 kilómetros. Es por eso que transportar esa carga representaría una amenaza, sostiene la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. “Imaginen el riesgo que se correría al trasladar vía terrestre esa droga”, cuestiona.

La funcionaria también hace énfasis en que además hay otra complicación: que el juez que disponga la destrucción debe también estar presente en ella. Eso implicaría que deje su despacho por varios días, hasta que se complete el proceso, mientras que en Guayaquil alguien lo reemplazaría en sus funciones, pero sin dejar de lado sus otras responsabilidades.

“No solamente es el traslado del juez. No es solo el hecho de que se llevan gastos por parte del juez, sino también la cantidad de diligencias que quedan pendientes de realizar”, deplora Gallardo.

¿Pero se ha planteado alguna solución? La presidenta de la Corte explica que, como se hacía hace algunos años, se realizará un convenio con la empresa privada para que la destrucción de las sustancias estupefacientes se pueda cumplir en Guayaquil. “Tengo entendido que dentro de unas dos semanas ya se va a quemar la droga aquí en la provincia del Guayas”, señala.

No obstante, precisa que no puede decir el lugar ni el nombre de la compañía en la que se llevará este proceso, por seguridad y porque esta destrucción no se podría ejecutar de la noche a la mañana y el alcaloide podría seguir acumulado.

Generalmente, esta destrucción se hace con bultos de 10 kilos, cuya quema en un horno especial toma diez minutos, de acuerdo con información pública del Ministerio de Gobierno. Es decir, un promedio de un minuto por kilo. Eso significa que en las 104 toneladas se necesitarían 104 mil minutos, que representan 1.733 horas o 72 días.

Nelson Yépez, consultor de seguridad, ve un poco más allá en cuanto a los peligros. Él asegura que “la droga daña y corrompe todo estamento. Tenerla almacenada en tanta cantidad es un riesgo”. Tampoco descarta que las entidades encargadas del control se puedan corromper.

Para el experto, existe una posibilidad de que algún policía tome parte de la droga incautada y la regrese al mercado ilícito. Por eso, él cree necesario que, conforme vaya llegando, “se vaya quemando” y no esperar mucho tiempo.

“No olvidemos que hay amenazas de todo tipo. Imaginemos que amenacen al celador o al policía que esté de guardia y este permita, en algún momento, que entren camiones y se lleven toda la droga. Hay que estar muy atentos con ese tema”, advierte Yépez.

Además, recomienda que antes de la quema “se debería revisar paquete por paquete, porque cuidado y vaya a ocurrir un ‘cambiazo’. Pueden poner harina o cualquier otra cosa y que no se queme droga”.

"NO EXISTE UN REGLAMENTO"

Kléber Riofrío, abogado especializado en Derecho Constitucional y Procesal, detalla que el artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) da instrucciones sobre qué hacer con la droga incautada.

No obstante, el jurista cree que debería existir, por lo menos, un manual de procedimiento. “Tampoco existe un reglamento que regule esta acción”, desvela.

Para el jurista, es necesario, para que en estos documentos legales se consideren todas las situaciones o riesgos que, como ahora, se presentan.