Los que un día rompieron con el correísmo han vuelto a él con el rabo entre las piernas. Los legisladores de Alianza PAIS (lo que queda del que alguna vez fue el bloque oficialista en la Asamblea Nacional) tienen una prioridad: hacer puntos con el jefe de Bélgica. Ya salvaron la integridad de su Constitución hiperpresidencialista; garantizaron la sobrevivencia de su Consejo de Participación Ciudadana, que hasta hace un año consideraban urgente disolver; precautelaron la posibilidad (tan anhelada por Andrés Arauz para un eventual gobierno suyo) de echar mano de los fondos del Banco Central para financiar su proyecto clientelar… Hacen méritos para volver al redil y cierran, así, el círculo perfecto de una legislatura que empezó y termina bajo la sombra de la aplanadora correísta.

Esta historia se inicia a fines de 2017, cuando 40 asambleístas de Alianza PAIS de los 71 que comenzaron juntos no sabían si quedarse con el papá o con la mamá. Era fácil de ver: a grandes rasgos, los que pertenecían al círculo cercano de Rafael Correa, los que habían sido sus ministros o compartían con él los trapos sucios, no tenían dudas de cuál era su lugar; para los demás, en cambio, el dilema era duro. Entre estos últimos se contaba una ingente masa de cuadros provinciales, concejales de cantón chico o grande, caciques de campanario a quienes el expresidente apenas lograba distinguir, gente llegada para calentar la silla y levantar la mano. Algunos salían de las profundidades de la lumpenpolítica y venían dispuestos a traficar con el manejo de los hospitales o lo que fuera. Jugadores de ajedrez en el tablero de las influencias. Acaparadores de frecuencias de radio con la mano tendida para hacer favores y el sentido exacto de la oportunidad para cobrarlos… Eso era el correísmo tras diez años de gobierno y esa era la gente que puso en la Asamblea.

¿Con el papá o con la mamá?, se preguntaban todos ellos según feliz frase del ahora alcalde de Quito Jorge Yunda. Él, en enero de 2018, terminó mudándose a Centro Democrático, el chiringuito de Jimmy Jairala: la amante del papá. Para los demás, el hecho de que la mamá ocupara la casa de gobierno y se quedara con el partido les ayudó a decidir. Cuando se hace política para medrar siempre se elige el lado del poder, por débil y efímero que parezca. El caso es que la improbable “bancada morenista” tuvo una vida tan accidentada como el gobierno que pretendía representar. Desde que se formó no hizo sino perder gente. Primero emigró el temido José Serrano, que había perdido la Presidencia de la Asamblea acusado de un acto de corrupción sin consecuencias judiciales: con Esteban Albornoz, Silvia Salgado y un puñado más, fundó su propio minibloque que votaba con correístas o morenistas según su conveniencia. Luego, en julio del año pasado, una ola de desafiliaciones se llevó a seis más (entre ellos Elizabeth Cabezas), inconformes con una terna para la Vicepresidencia en la que no constaban ellos. Nos vamos, dijeron, pero continuaremos como aliados.

Bancada tan desprovista de cuadros que no tuvo a nadie mejor que a César Litardo para entregarle la Presidencia de la Asamblea, llega a la recta final de este período legislativo en las manos más inciertas: ha elegido como coordinador al sinuoso José Serrano para que termine de enterrarlo. Está claro, tras el estrepitoso fracaso electoral (seis se postularon a la reelección, con el propio Litardo a la cabeza, y perdieron todos), que el Ecuador asiste a la agonía del otrora todopoderoso movimiento Alianza PAIS. Los 30 que quedan y su puñado de aliados necesitan hacer algo urgente para sobrevivir políticamente. Ese algo urgente no puede ser otra cosa que volver adonde pertenecen por naturaleza: el correísmo. Pero el correísmo lleva tres años tachándoles de traidores. Han de hacer, pues, méritos suficientes.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Nomás hay que ver el comportamiento de la aliada Elizabeth Cabezas con respecto a las reformas constitucionales. En marzo de 2019, ella había propuesto una enmienda para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana: quitarle la función de nombrar a las autoridades de control y devolvérsela a la Asamblea. El Pleno le entregó la presidencia de la comisión ocasional para el tratamiento de las reformas a la Constitución, en cuyo seno ella llegó a afirmar que aquello de quitarle funciones al CPCCS era en realidad el Plan B; que lo mejor sería desaparecer ese organismo. Apoyó, de hecho, la iniciativa ciudadana que perseguía exactamente eso. En el informe que su comisión envió al Pleno se permitió mutilar la iniciativa ciudadana, pero dejó intacto ese punto y lo defendió ante el país en la sesión del pasado martes. Sin embargo, a la hora de votar, se abstuvo.

Incomprensible, sí, pero normal en ella. Ya el 14 de enero último había hecho algo parecido. Ese día se debatió en el Pleno el proyecto de enmiendas para traspasar a la Asamblea la facultad del CPCCS de designar autoridades de control: su propio proyecto. Había que cambiar, en total, 15 artículos de la Constitución. Es decir que la Asamblea tenía 15 votaciones por delante. Ella votó por el sí en las dos primeras: estaba de acuerdo con que la Asamblea asumiera esas facultades. Pero se abstuvo en las trece siguientes: no estaba de acuerdo con que el CPCCS las perdiera. Flor de la coherencia.

Los votos de gente como Cabezas y el resto de exoficialistas se unieron a los del correísmo para mantener la Constitución intacta y el CPCCS con buena salud. Es la nueva aplanadora, o mejor dicho: la misma vieja aplanadora de hace cuatro años recompuesta para afrontar los nuevos desafíos. Andrés Arauz puede dormir en paz: no pasará la ley de defensa de la dolarización que el ministro de Finanzas Mauricio Pozo pretende aprobar como un legado de tranquilidad económica para los ecuatorianos. No hay manera. Ya fue bloqueada una vez en el Consejo de Administración Legislativa, donde el presidente Litardo y sus aliados la negaron por inconstitucional: convirtieron un órgano meramente administrativo, como indica su nombre, en un juez constitucional. Si permiten que el proyecto pase al Pleno, lo volverán a negar.

No pasará, tampoco, la última reforma constitucional que queda pendiente y que debería ser tratada por la comisión ocasional de Elizabeth Cabezas si se da el tiempo para ello. Se trata de una enmienda propuesta por Héctor Muñoz para equiparar el poder del Legislativo con el del Ejecutivo en el tratamiento de los vetos presidenciales. Actualmente, por caprichos de la Constituyente del Corcho Cordero, las cosas son así: se necesita mayoría absoluta (70 votos) para aprobar una ley; si el presidente la veta, basta una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes, podrían ser 36) para allanarse al veto; pero hay que tener mayoría calificada (91: las tres cuartas partes de los miembros) para ratificarse en el texto. Ahora bien: en la próxima legislatura, el correísmo tendrá 50 asambleístas, que no son suficientes para impedir que la oposición apruebe una ley que no les guste, pero sí para bloquear todo intento de ratificarse en ella una vez que la vete el presidente. Si el presidente llegara a ser Andrés Arauz, 50 asambleístas le bastarán para tener el control total de las leyes que apruebe el Pleno. La reforma de Muñoz trata de evitar semejante barbaridad, pero chocará indefectiblemente con la nueva aplanadora. Arauz todavía no ha ganado las elecciones pero aquí, en la Asamblea, se trabaja como si ya estuviera gobernando.