Es una de las últimas promesas que la Asamblea Nacional tratará de cumplir antes de la llegada de nuevos legisladores, el 14 de mayo. Esta semana, según la planificación oficial de la entidad, se discutirán las reformas a la Ley de Contratación Pública. El texto lleva más de tres años en análisis y discusión.

Para el segundo debate, que se cumplirá a dos semanas de la renovación del Legislativo, se modificaron textos y se ajustaron definiciones. El personal y autoridades del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) sirvieron como asesores de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, que prepararon el informe que será conocido en el pleno esta semana.

Entre los puntos que contempla la reforma se encuentran definiciones de conceptos como el anticipo devengado y amortizado, adquisición de bienes, contratación de consultorías, convenio marco, catálogo electrónico, catálogo dinámico inclusivo, obligaciones de los proveedores, entre otros.

¿Por qué es importante el paquete de modificaciones a la normativa vigente? El Sistema Nacional de Contratación Pública se ha convertido en el espacio de irregularidades en el manejo de recursos estatales. Los vacíos que tiene la norma vigente fueron parchados con resoluciones y acuerdos que no alcanzan a tener el peso de una reforma integral.

Es más, en 2018 la discusión no era un paquete de reformas, sino un nuevo documento total. Silvana Vallejo, directora general del servicio, creía necesaria una modificación total que evite, por ejemplo, las facilidades que hay en la compra de régimen especial.

Uno de los datos que más cuestionaba Vallejo es que los Gobiernos Autónomos y Descentralizados hacen las adjudicaciones por bienes y servicios para las fiestas seccionales sin procesos planificados y sin contar con varios oferentes. La ley permite que se busquen proveedores de última hora, cuando las fiestas de fundación e independencia se planifican con años de anticipación.

Luego de discusiones internas entre el Sercop y la Presidencia de la República se decidió que se reforme la ley en lugar de buscar un nuevo texto normativo. Algo que, al menos en discurso, han planteado las autoridades que llegarán a la Asamblea Nacional este mes.

Otro factor para modificar de forma urgente la ley es la cantidad de dinero que hay detrás de los procesos. Solo entre enero y marzo de este año, con crisis económica y con los efectos de la emergencia sanitaria, el Estado ha destinado más de 1.117 millones de dólares a la compra de bienes y servicios.

En la lista están consultorías, arriendos, emergencias, obras, servicio de limpieza y desinfección, entre otros rubros que se financian con dinero de todos los ecuatorianos.