Una gran deuda. La actual Asamblea Nacional está a pocos días de entregar la batuta dejando una gestión con varios señalamientos y una lista de promesas incumplidas. Todavía se espera una resolución sobre el informe de la comisión multipartidista que investigó al exlegislador Eliseo Azuero, prófugo e indagado por el presunto delito de delincuencia organizada. El proyecto de ley para cambiar la Contraloría en un Tribunal de Cuentas fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa y de ahí no ha avanzado. Y la lista crece, dependiendo de a quién se pregunta.

En términos cuantitativos, el Legislativo saliente cumplió con el promedio de leyes aprobadas por sus antecesores: más de 60 normas. Sin embargo, para Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo, lo que llama la atención es que no cumplió con la agenda trazada por sus tres presidentes. “Esto puso en evidencia que tal vez la Asamblea no fue el mayor representante de la búsqueda de consenso o la gobernabilidad en el país. La mayoría de leyes aprobadas respondía a aspectos meramente coyunturales y eso dice mucho de un cuerpo legislativo”.

Con él coincide el analista político Santiago Cahuasquí. La reforma política como cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a criterio del experto, es la gran deuda de la Asamblea saliente. “El proceso de descorreización del Estado en muchos de los casos no involucró una reforma política y eso lo que hace es que, por los intereses de pocos, no existan cambios en las instituciones que son las mismas de hace cuatro años”.

En cuanto a fiscalización, de acuerdo a cifras del Observatorio, se presentaron más de 34 solicitudes de juicio y no todas terminaron en censura y destitución. No es que ese sea el fin, precisa Espinel, sino que parte no tuvo resolución del pleno. Cita como ejemplo el caso del exministro de Economía, Richard Martínez, quien más pedidos recibió con cinco, “la Asamblea Nacional escudándose en ciertos vacíos normativos no permitió que esos procesos pasen al pleno”, puntualiza el experto.

Cahuasquí considera que el compromiso de fiscalización debe empezar casa adentro. Y la falta de compromiso del Legislativo de instaurar un mecanismo para que los asambleístas sean evaluados por sus electores u organizaciones sin fines de lucha, “ya da una pista del tipo de asambleístas que tuvimos en estos cuatro años”.

De acuerdo a cifras de la encuestadora Cedatos, la actual Asamblea inició su gestión en mayo de 2017 con un 43 % de aprobación a su trabajo. Cayó al 30 % en mayo de 2018, al 22 % en mayo de 2019, al 9 % en mayo de 2020 y al 3 % en septiembre de 2020. Mientras que la credibilidad de los legisladores pasó del 29 % en mayo de 2017 al 2 % en septiembre de 2020.

La asambleísta Wilma Andrade reconoce que las expectativas de los ciudadanos no han sido cubiertas por el período legislativo saliente, entre ellas una reforma política estructural. Encara las críticas y en defensa del trabajo legislativo destaca la aprobación de algunas normas y reformas importantes como el Código de Comercio, la Ley para Erradicar la Violencia de Género, la Ley de Simplificación de Trámites. Sin embargo, reconoce que también ha existido un tratamiento de reformas parches que no abordan el fondo del problema, por ejemplo, en la Seguridad Social. “Se han hecho tres o cuatro reformas, pero no se aborda cómo hacerla más eficiente o crecer la inversión”, replica la legisladora reelecta.

A su criterio, hace falta de un liderazgo que sepa determinar las falencias que tiene el país y priorizarlas en el tratamiento de las leyes. Esa nueva guía deberá salir de la primera sesión en la que se escogerá a la próxima primera autoridad del nuevo Legislativo.