Carrera contra el tiempo. La Comisión Ocasional de Enmiendas tiene 30 días para presentar el informe para primer debate del proyecto de reformas que se harían a la Constitución.

El trabajo empieza a correr desde hoy, y entre las primeras decisiones que se han tomado en el organismo legislativo, luego de elegir a sus autoridades, es la inclusión de otros temas de enmiendas que estaban pendientes de tratarse y que también cuentan con dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).

A más de la enmienda propuesta para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), también serán materia de estudio las iniciativas del exasambleísta Esteban Bernal, de lucha contra la corrupción y la impunidad; y, de Jeannine Cruz, sobre las normas que regulan la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados.

Esteban Bernal presentó el martes 21 de noviembre de 2017, en la Asamblea, una propuesta para modificar los artículos 147 numeral 18; 196 y 211 de la Constitución, para que no se indulte la corrupción, el fiscal no se investigue a sí mismo y el contralor no audite sus propios actos.

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“Con esto se evitará que exista conflicto de intereses y sobre todo se garantice la independencia en las funciones del Estado”, acotó Bernal en su momento.

En tanto, la asambleísta Jeannine Cruz (CREO), planteó una enmienda al artículo 272 de la Carta Magna, que busca incorporar, después del numeral 3, un nuevo inciso, para que se incluya un nuevo parámetro para la asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, esto es, que se incorpore la extensión rural, que no se toma en cuenta en la norma constitucional.

En cuanto a limitar las funciones del Consejo de Participación, la propuesta legislativa busca reformas los artículos 179, 192, 196, 205, 211, 213, 214, 222, 224, 236, numerales 10, 11 y 12 del artículo 208. Además, el numeral 9 del artículo 208, los artículos 209, 210 y 434.

Las normas en mención hacen referencia la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura, fiscal, defensor Público, superintendentes, presidente de la Función de Transparencia, procurador, defensor Público, contralor, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral.

Según la propuesta, la designación de estas autoridades regresaría a la Asamblea Nacional. Aspecto, que al momento ya encuentra división de criterios entre los integrantes de la Comisión.

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La vicepresidenta del organismo legislativo, Vilma Andrade (BIN), cree que esto no debe regresar al Legislativo, sino que sea una comisión conformada por los tres Poderes del Estado y de la Academia; mientras que Héctor Muñoz (SUMA), se mostró contrario y dijo que no debería estar dentro del proceso de designación la Academia.

Voces

Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza PAIS

La reforma no entra en vigencia y no aplica para esta Asamblea. Legislamos para que una vez concluidos los periodos de las autoridades actuales puedan ser reemplazadas.

Vilma Andrade, asambleísta del BIN

No podemos volver al pasado y dejar en manos de la Asamblea la designación de las autoridades de control, los nombramientos no pueden caer en manos de los políticos de turno.

Héctor Muñoz, asambleísta de SUMA

La Academia al participar en la evaluación de los aspirantes a los órganos de control se politizaría. El momento en que se utiliza la Academia para lo político, me parece nefasto.

Designación

La Corte Constitucional

Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social y tres delegados de las universidades que cuenten con posgrados en Derecho Constitucional. La selección se hará a través de un proceso de concurso público, con veeduría e impugnación ciudadana. La Comisión será presidida por uno de los delegados de las instituciones de educación superior.