La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales aprobó, el informe para segundo debate el proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), que fuera presentado en 2018 por el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín.

En el documento se deroga el libro III de dicho Código que se refiere al Servicio de Protección Pública y del Estado -establecido por el gobierno del exmandatario Rafael Correa- tras considerar que esto contraviene los preceptos Constitucionales y a las competencias que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Los legisladores precisaron que la misión de estas instituciones es la protección de derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos y esto incluye la protección presidencial y de las altas autoridades del Estado ecuatoriano.

expresaron que la Constitución es clara al determinar el rol de las fuerzas militares y policiales; así como, la razón de ser de dichas instituciones. Por ello, no podría existir otro tipo de intervención y de institucionalidad que cumpla funciones similares. Así, no puede existir otra institución que vele por la soberanía e integridad territorial, o que garantice la protección interna y el mantenimiento del orden público, expresaron.

Por tanto, enfatizaron que la protección y seguridad del jefe de Estado y de los altos funcionarios de Gobierno que por su función, responsabilidad y rango, tienen importancia estratégica, requieren de un Servicio de Protección especializado, profesional, técnico e institucional y no de servicios por fuera de la institucionalidad existente.

En su momento, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, durante su comparecencia a la Comisión de Relaciones Internacionales, precisó que con la creación de este cuerpo de seguridad lo que se pretende es militarizar a la seguridad ciudadana. “Sería un grupo civil inconstitucional armado separado del Estado” acotó.

En consecuencia, dijo, esto quitaría facultades a instituciones como la Policía Nacional trasladándolas a una organización no profesional, de estructura irregular.

Añadió que el tema preocupa tanto a la ciudadanía como a las instituciones, ya que se implementa un cuerpo de seguridad armado y político al margen del Estado y que se podría utilizar por parte de los gobernantes de turno.