Las huellas que condujeron a la cúpula correísta a los tribunales

Facturas, correos, chats y otros indicios apuntan al cometimiento de varios delitos. La Fiscalía cuenta con miles de documentos que señalan a la cúpula.

Quito /
09 ago 2019 / 00:01

La huella de lo que la fiscal general Diana Salazar describió como una “bien estructurada organización delictiva de funcionarios públicos” y contratistas estatales, quedó en facturas, recibos, correos, mensajes, chats, cuadernos, computadoras... En el proceso ‘Sobornos 2012-2016’, que investiga los supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado al movimiento PAIS, están las constancias de aquello. Muchos ya pasaron por el análisis de peritos. Los informes han sido ya presentados en la Fiscalía. Los documentos muestran que, presuntamente, Rafael Correa siempre estuvo al tanto de los movimientos de sus funcionarios.

Eso se evidencia en los mensajes de WhatsApp que su exasesora Pamela Martínez intercambió con funcionarios, vocales de la Judicatura, jueces, fiscales y otros. Ella siempre habla de las disposiciones del ‘Jefe’, habla de ‘SP’.

Y por si existían dudas de quien era SP, el propio Correa en su cuenta Twitter lo aclaró cuando trataba de desvirtuar los señalamientos de aportes ilegales al que fue su partido. Exhibió recibos de aportes a un presunto fondo solidario que manejaba su exasesora. Son montos de 380 dólares. “Para FS de parte de SP”, dice un recibo de 11 de diciembre de 2014. Tiene una firma y debajo las iniciales PM.

Por inocencia, descuido, exceso de confianza, mal cálculo o cualquier otra circunstancia, esos rastros ahora podrían costarles a los sospechosos hasta 15 años de cárcel, en caso de ser hallados culpables. La Fiscalía investiga al menos tres delitos en la trama de aportes ilegales: cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurrencia real de infracciones cuyas penas van de entre tres y cinco años cada uno.

Por eso, en la audiencia de vinculación de los 22 sospechosos al caso de Sobornos, efectuada el miércoles y para la que ayer se esperaba la decisión de la jueza que no llegó hasta el cierre de esta edición, la fiscal aseguró que la organización se encontraba liderada por Correa.

Según el argumentario fiscal, a los correístas les bastaba una llamada, un mensaje, un correo o una amenaza para obtener sentencias, fechas de audiencias, dictámenes o hasta el voto de abogados para asegurarse la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas.

El caso del mayor retirado del Ejército Fidel Araujo es solo uno de cientos. De la cuenta robertdelhierro1@hotmail.com se informó a Martínez que la resolución que negó la solicitud de acción extraordinaria de protección presentada por Araujo “se mandará a notificar a las partes procesales hoy por la tarde”. Eran las 17:08 del 18 de septiembre de 2012, dos años después de la revuelta policial del 30 de septiembre.

Con esos elementos Araujo pidió a la Fiscalía celeridad en la investigación contra Correa. “La vinculación o la presentación de otra denuncia al expresidente Correa es inminente”, indicó el oficial retirado.

La huella de Correa quedó en todo lado, hasta en la trama de corrupción de Odebrecht que le significó seis años por asociación ilícita al exvicepresidente Jorge Glas. Pedro Espinoza, exasesor de Alexis Mera, dijo en su versión que por disposición de Correa viajó con su jefe a Brasil “para tratar de obtener información anticipada sobre los involucrados en la trama de Odebrecht, antes de que las otras autoridades del país tuvieran conocimiento”. Ese fue uno de los 12 elementos con los que la fiscal vinculó al exmandatario.

En análisis

Decisión judicial sobre Correa

Hasta el cierre de esta edición la jueza Daniella Camacho no había anunciado aún su resolución sobre el pedido de prisión preventiva para Rafael Correa y otros cuatro procesados.

En caso de una eventual orden de prisión de la jueza, será la segunda medida cautelar que afronta el exmandatario.

El desconocimiento de su domicilio en Bélgica y la orden de prisión dictada en el caso Balda fueron parte de los justificativos de la fiscal Diana Salazar para solicitar la medida cautelar.

Además de Correa, se solicitó prisión para Walter Solís, prófugo; Jorge Glas, encarcelado; Vinicio Alvarado y Yamil Massuh. Ellos son parte de los 22 vinculados al expediente ‘Sobornos 2012-2016’ que investiga los presuntos aportes ilegales de contratistas del Estado al movimiento PAIS.

La fiscal Salazar dijo en la audiencia que el fin de la entrega de recursos era obtener contratos con el Estado.

Eso se evidenció en los registros hallados en la computadora de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, exasesora de Correa quien registró en cuadernos los desembolsos que hacía con los aportes.

Para saber

El pedido

“Es que el plazo vence mañana y si no pagas no puedes votar por mi J”, le decía Martínez a un abogado amigo.

La respuesta

“No sabía amiga, podrías pagarme y yo te devuelvo como la vez anterior. ¿Cuándo son las elecciones?”, preguntó el abogado.

Otro mensaje de chat

“Me dice tu amigo Serrano que el fin de semana va a nuestra santa tierra y me pide una reunión social”.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

TAGS:
A LA CARTA