Tras la confirmación de los primeros contagios de COVID-19 en el país a inicios del año pasado, los pacientes empezaron a llenar las salas del Hospital General Guasmo Sur, en Guayaquil, y con ellos también llegaron las irregularidades.

En los primeros días de abril, este Diario destapó el negociado que funcionarios de esa casa de salud hacían con los cuerpos de las personas que habían fallecido y que eran almacenados por días en contenedores donde se perdía su identificación. Días después, y ante el aumento de denuncias similares, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, salió a informar que se había destituido a una persona y se anunciaron más investigaciones.

“Es vergonzoso, indignante e intolerable”, dijo el ministro el pasado 7 de abril en televisión, pero no se supo nada más del tema, pues solo avanzó una investigación por un caso similar detectado en el hospital del IESS Los Ceibos.

Luego de dos meses se descubrió también que el entrenador de Daniel Salcedo, Abraham Muñoz, había vendido en redes sociales y con sobreprecio ampollas de Actemra (muy solicitadas para pacientes graves con COVID) que salieron de las bodegas del Guasmo Sur. Un caso que ya está en etapa de juicio y por el que ahora están vinculados el exgerente del hospital, Álvaro Ponce, Muñoz y el hermano de Salcedo, Noé.

Sin embargo, con la atención puesta en este y otros casos detectados en el IESS de Guayaquil, cuyos procesos sí han avanzado, el foco de las autoridades de control salió del Guasmo Sur y de otros hospitales del Ministerio, dejando un punto ciego de corrupción que permitió que, entre marzo y junio, se realizaran compras con hasta 900 % de sobreprecio, que causaron un perjuicio de más de 1,7 millones de dólares.

Fundas de cadáveres por más de 140 dólares, trajes de protección a 34 dólares, zapatones a 75 centavos, guantes de nitrilo o látex estéril a 20 centavos, batas manga larga multiuso a 6 dólares, son algunos de los insumos médicos cuyas compras conllevaron a que a finales de diciembre, seis meses después del período examinado, Contraloría encontrara indicios de responsabilidad penal en cinco contratos.

Este Diario preguntó al Ministerio de Salud sobre estos casos y si hubo depuración en el hospital tras la detección de las irregularidades, ya que la lista del personal que labora en este centro no ha sido transparentada en una página web; pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. La Fiscalía, por su parte, señaló que la información solicitada sobre las investigaciones en el hospital es “de carácter reservado”.

Según la Contraloría, para firmar estos contratos no se invitó a otros oferentes, ni tampoco se hizo un estudio de mercado. Tampoco fueron comparados los precios con otras entidades que estaban comprando los mismos productos en las mismas fechas.

Además, el hospital autorizó el traspaso de medicinas valoradas en 202.518,71 dólares a diferentes unidades de salud. En ochenta de esos casos, no se adjuntaron actas de entrega-recepción, “lo que ocasionó que se desconozca a quiénes fueron entregadas para solicitar su devolución. Además hizo que el hospital no cuente con el stock de medicamentos e insumos para cubrir sus necesidades”.

Otro caso

En este hospital, un fiscal de Quito investiga también la desaparición de los cuerpos que fueron almacenados en contenedores de ese centro médico desde el inicio de la pandemia. El fiscal César Suárez estuvo a cargo de ese caso los primeros meses y luego la fiscal Diana Salazar dispuso que se traslade la investigación a la capital.

Transparencia

El Hospital Guasmo Sur no publicó información de 15 procesos de contratación por la emergencia sanitaria en el Portal de Compras Públicas, según Contraloría, debido a la falta de control, “ocasionando que la entidad no cumpla con el principio de transparencia ni presente adecuadamente su información en el Sercop”.