Un espacio abierto de más o menos dos carriles a un costado de la vía y restos de material pétreo retirado son rastros de una intervención con maquinaria que aún se observa en un pequeño tramo de la carretera estatal que va de Santo Domingo hacia la Sierra.

Es todo lo que se ha podido avanzar en un empantanado proyecto de ampliación del tramo de 22 kilómetros que va del cantón Tsáchila hasta el recinto Unión del Toachi, y que debió arrancar a fines de 2018.

La firma de dos contratos de ejecución para la misma obra derivó en una disputa legal que involucra al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y las empresas Hidalgo e Hidalgo y el Consorcio Multinacional Tsáchila (conformado por la compañía china Sinohydro y la nacional Eufratesinvest). Cada firma figura como demandante en dos procesos judiciales iniciados por acciones de protección.

Tres administraciones de la Prefectura han intervenido en este embrollo por la obra vial, que tiene en juego una contratación por cerca de $ 25 millones, financiados por el Estado.

El 26 de noviembre del 2018, antes de renunciar a su cargo para participar como candidato a la Alcaldía, el entonces prefecto, Geovanny Benítez, adjudicó el contrato al Consorcio Multinacional Tsáchila, por 26’387.453, en un proceso de licitación que contaba con el financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE). Pero el 4 de abril de 2019, la sucesora en la Prefectura, Andrea Maldonado, resolvió terminar de manera anticipada y unilateral ese compromiso, por considerar que fue suscrito “contra expresa prohibición” de la Ley de Contratación Pública.

El 17 de ese mismo mes se resuelve iniciar un proceso de contratación directa e invitar a Hidalgo e Hidalgo. La Prefectura concretó el contrato el 23 de abril, por $ 24’190.152,35, y desde ese mismo día esa empresa comenzó los trabajos.

Una demanda constitucional de acción de protección contra el gobierno provincial, interpuesta cuatro días después por el Consorcio Tsáchila, tuvo resultados el 26 de septiembre de 2019: el juez del caso resolvió dejar sin efecto todo el proceso de terminación unilateral del contrato. Ese fallo judicial fue ratificado el 17 de diciembre por la Sala de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

“La sentencia señaló que todo lo actuado por Andrea Maldonado queda nulo y que todo vuelve a la situación anterior, por lo que se debe concretar nuestro contrato”, señala a EXPRESO Henry Ayala, procurador común del Consorcio Tsáchila. Tras ese fallo debíamos retomar la obra de inmediato”, enfatiza.

Hidalgo e Hidalgo se vio obligada a suspender los trabajos por orden de Johana Núñez, la actual prefecta, quien el 28 de junio notificó también a la constructora sobre su intención de dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato. Por ello, la firma interpuso una acción de protección.

El 13 de septiembre de 2019, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas resolvió dejar sin efecto las decisiones de la autoridad provincial. Eduardo González Andrade, representante de Hidalgo e Hidalgo, afirma a este Diario que esa resolución judicial es anterior a la adoptada dentro del proceso, cuyos jueces de segunda instancia le dieron la razón al Consorcio Tsáchila.

Pero el pasado 20 de enero, el juez de primer nivel ordenó el archivo de la causa. “Mi representada ha pedido la revocatoria de esa decisión, y además se encuentra planteando las acciones que franquea la ley para la defensa de sus legítimos derechos constitucionales, legales y contractuales”, sostiene González.

La Corte Constitucional deberá pronunciarse ahora sobre ambos procesos, debido a que los representantes de Hidalgo e Hidalgo y la Procuraduría General del Estado presentaron pedidos de acción extraordinaria de protección.

EXPRESO pidió a la Prefectura pronunciarse sobre cuál será su decisión sobre la ejecución de la obra. Hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Perfil

Un contratista en expansión.

Hidalgo e Hidalgo es una de las nueve compañías cuyos representantes fueron llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016, donde se investiga supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas del movimiento Alianza PAIS.

A lo largo de casi 20 años, la constructora ha sido contratada en tres ocasiones para la ampliación y mantenimiento de la carretera Alóag-Santo Domingo, que implicaron inversiones por aproximadamente $ 370 millones.

La compañía ecuatoriana, con presencia en Colombia, Panamá y Perú, no ha dejado de obtener millonarios contratos en nuestro país. Entre los más recientes figuran los asignados en septiembre de 2019 por parte del Gobierno Provincial del Guayas, para rehabilitación y asfaltado de vías.

Estos son: Pedro Carbo-Jerusalén (incluido puente), en el cantón Pedro Carbo, por $ 5’872.439,31; Petrillo-Las Minas de Petrillo, en el cantón Nobol, por $ 4’803.267,65; y Puente Negro-El Vainillo (incluye puentes), en los cantones El Triunfo y Naranjal.

Hidalgo e Hidalgo es también accionista de las empresas Concesionaria del Norte (Conorte S. A.) y Concesionaria del Guayas (Concegua S. A.), encargadas desde 1998 de la rehabilitación, mantenimiento y administración de vías en Guayas, con base a contratos suscritos con la Prefectura.