La emergencia sanitaria expone las falencias en la operación del sector público. El Municipio de Quito, por ejemplo, tardó más de lo esperado en la toma de pruebas PCR para la detección del coronavirus. Las justificaciones sobran, pero lo cierto es que la pomposa adquisición de 100.000 pruebas -sobre las que pesa una denuncia de sobreprecio que se investiga en la Fiscalía General del Estado- no se ha justificado de cara a la ciudadanía.

Tampoco se ha justificado el gasto total durante la emergencia. El Municipio y sus secretarías tienen pocos informes de respaldo a sus adquisiciones.

Según el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la demora en la toma de pruebas responde a la implementación de equipos y pasos previos para acelerar la entrega de resultados. La semana pasada, el funcionario aseguró que los trámites y las cuestiones técnicas fueron superadas y se podría acelerar el proceso.

Eso no ha pasado del todo. El Instituto de Biomedicina de la Universidad Central todavía no alcanza los números óptimos para utilizar las 100.000 pruebas adquiridas. Al momento está cerca de analizar 500 pruebas diarias. Con eso se ha logrado procesar unas 5.000 muestras.

Es decir, quedan más de 95.000 pruebas por utilizar.

A lo dicho se suma un problema adicional y aún más grave. Cerca de la mitad de las pruebas adquiridas a Corea del Sur, y que le costaron el cargo al exsecretario de Salud del Municipio, Lenín Mantilla, caducarán en cuatro meses. En octubre, el material sería obsoleto.

Los concejales del Cabildo criticaron que ese tipo de información no fue compartida dentro del Municipio. Lo normal, dicen, era que las pruebas que se compraron tengan al menos un año de duración.

Según Yunda, el contrato firmado permitirá que 60 días antes de la fecha de caducidad se devuelvan las pruebas y sean reemplazadas por nuevo producto. Lo que no explicó es la motivación para comprar pruebas con corta vigencia y sin la capacidad para procesarlas de manera acelerada.

Si se mantiene el ritmo actual de toma de muestras, Quito deberá devolver varias pruebas al proveedor.

Tampoco hay una explicación detrás del resto de compras que tendrá que hacer el Municipio. Mantilla adelantó, antes de ser procesado por las autoridades judiciales, que además de las pruebas se necesitan kits para las evaluaciones que detecten el COVID-19. Esas adquisiciones aún no se realizan y provocarán una nueva demora.

Sobre el tema, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, explicó que es normal que exista una demora en la toma de pruebas y que la cartera de Estado ha realizado un acompañamiento en el proceso al Municipio. Él dijo que espera que se acelere la toma de pruebas en diferentes sectores.

Hasta el momento, la Alcaldía ha tomado pruebas en los barrios más afectados, a unos cincuenta vendedores del Mercado Mayorista (sur de la ciudad), a transportistas urbanos, taxistas, personal médico, trabajadores de recolección de basura y taxistas de distintos sectores de la capital.

A la fecha, según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el Municipio de Quito ha gastado más de 7,7 millones de dólares para atender la emergencia derivada por la propagación del coronavirus.

De ese monto, 3,7 millones de dólares corresponden a las pruebas PCR que adquirió la Secretaría de Salud.

El resto, según el Sercop, se destinó a equipos de protección personal, material desinfectante y kits de alimentación para población vulnerable.

En total, se han concretado 54 contratos.

Esas adjudicaciones, sin embargo, no están del todo justificadas. A la fecha solo se han entregado 17 informes para avalar la pertinencia de los gastos ejecutados por el Municipio de Yunda y sus entidades adscritas.